Chihuahua, Chih.– El exgobernador César Horacio Duarte Jáquez regresó a su tierra después de cinco años. Lo hizo esposado. Luce más delgado, padece hipertensión y fuertes dolores a causa de una hernia. Y cuenta con una red de protección que en su momento tejió.
Después de dos años prófugo y otros tantos detenidos en una prisión de Estados Unidos, retornó al estado que gobernó de 2010 a 2016 con los lemas “El poder es para poder” y “Que el cielo bendiga a Chihuahua”; este último incluso lo registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPE) con el mismo domicilio de la Unión Ganadera División del Norte (UGDN) y las farmacias Economik, que presuntamente utilizó para desviar dinero (Proceso 1991 y 2110).
En tres días de la audiencia de formulación a proceso, Duarte escuchó las intervenciones de 65 testigos, entre excolaboradores, empleados, vaqueros de sus ranchos y algunas víctimas, quienes relataron el modus operandi de la red de corrupción duartista.
El principal trabajador del rancho El Saucito y otros era Valentín Díaz Javalera, quien detalló que la nómina que pagaba a los trabajadores de los ranchos de Duarte en Balleza salían de la UGDN y Financiera División del Norte.
También declararon funcionarios del gobierno de Javier Corral Jurado, quienes se encargaron de documentar los hechos que el Ministerio Público (MP) busca probar.
Duarte será juzgado por peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada en el Poder Judicial que preside la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, quien presentó una declaración jurada a su favor ante el Tribunal de Miami, Florida, para afirmar que Duarte es un perseguido político (Proceso 2353).
Una vez que el exgobernador fue extraditado, la declaración de Hernández Acosta y de otros dos magistrados, Luis Villegas Montes y Otilia Flores Anguiano, se encuentran en la carpeta de investigación, y la juez federal de la Corte de Florida, Lauren Fleischer Louis, habría indagado la procedencia de los nombramientos de los tres declarantes.
La presidenta del Poder Judicial es conocida como parte de los 13 magistrados “oxigenadores” que César Duarte impulsó en noviembre de 2014, la mayoría militantes del PRI o del PAN.
El exgobernador llega además ante la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la gestión de la panista María Eugenia Campos Galván, quien fue vinculada a proceso porque presuntamente recibió más de 9 millones del erario de manera ilegal, como parte de la nómina secreta en el gobierno de Duarte.
Ella fue desvinculada del proceso dos días antes de su toma de protesta y ahora tiene fuero por seis años, es decir, no se puede impugnar la decisión del juez hasta que Campos Galván concluya el cargo como gobernadora.
Con imagen e información de Proceso
