Culiacán, Sin.- El Pleno del Congreso dio primera lectura y dispensó la segunda a trece iniciativas que proponen reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de leyes diversas del estado de Sinaloa.
La diputada del PAS Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño son autores de cuatro de esas iniciativas.
Una busca reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa a fin de establecer la obligación de las familias a no poner en situación de discriminación, abuso, explotación, violencia o abandono a las personas adultas mayores.
Otra iniciativa adiciona un título del Código Penal del Estado de Sinaloa para incorporar como delito el uso de violencia para evitar el ejercicio de la actividad periodística, o que se obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión.
La tercera iniciativa busca reformar el primer párrafo del artículo 310, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa
El objeto es incorporar los principios de inclusión, accesibilidad y seguridad en el diseño y construcción de vialidades.
La cuarta busca reformar el cuarto párrafo del artículo 4 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
El objeto es prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, situación de reclusión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La diputada Flora Isela Miranda Leal es autora de tres iniciativas.
Una, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, con el objeto de implementar una política incluyente a favor de los adultos mayores, para que como usuarios del transporte público puedan gozar del descuento del 50 por ciento en el cobro de las tarifas.
La segunda iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para ofrecer mejores opciones para los pacientes en estado terminal, y propone la medicina paliativa como el vehículo idóneo para satisfacer las necesidades de este grupo de la población.
La tercera busca reformar el artículo 354 y derogar los artículos 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362 y 363 del mencionado Código. El objeto es armonizar este Código en materia de delitos electorales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Se contempla establecer los delitos electorales y sus sanciones, la distribución de su competencia y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno y que sean las reguladas jurídicamente en dicha Ley.
El diputado de MORENA Apolinar García Carrera también es autor de tres iniciativas. Una que propone adicionar el artículo 67 Bis a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.
El objetivo es que las televisoras cuenten con un intérprete de la Lengua Mexicana de Señas durante la transmisión de sus programas informativos de salud y de educación.
Otra iniciativa es para reforma el artículo 364 del Código Penal Para el Estado de Sinaloa para castigar a quien o quienes dolosamente cometan actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico.
Para ello propone sanciones que van desde los seis meses y multas de hasta doscientos días.
La tercera iniciativa propone adicionar un párrafo sexto al artículo 147 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa.
El objeto es establecer el horario de trabajo de los operadores del transporte público colectivo, que sea de ocho horas al día, y que la inasistencia del operador pueda ser cubierta por un conductor que ya hubiese cumplido con su horario de trabajo, pero sólo por tres horas. Ello, con la finalidad de proteger la integridad de los trabajadores y usuarios de dicho transporte
Los ciudadanos Miguel Loaiza Pérez, presidente de la Federación de Autotransportistas de Sinaloa, y José Miguel Ley Luna, secretario general del Sindicato Estatal de Autotransportes y Conexos “Fernando Amilpa”, son autores de una iniciativa de reformar la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa.
El objeto es normar el uso de las empresas que ofrecen el servicio público de transporte concesionado a través de aplicaciones en los teléfonos y computadoras, y se establecen las atribuciones que corresponderá a las autoridades competentes en movilidad y transporte, así como las sanciones a aplicables para el caso de infracciones a esta ley.
El Grupo Parlamentario del PRI es autor de otra iniciativa que busca reformar el artículo 327 Bis del Código Penal del Estado de Sinaloa.
Se busca sancionar al que indebidamente difunda, transmita, revele, publique, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos, relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos e instrumentos vinculados a n procedimiento penal o de una investigación relacionados con un hecho que la Ley señale como delito.
Se proponen sanciones de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a 1000 UMA. La pena se incrementa en una tercera parte si se trata de imágenes, videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte.
La pena se incrementa hasta en una mitad si se trata de cadáveres de niñas, niños o adolescentes, y también si el delito es cometido por algún servidor público.
El diputado de MORENA Pedro Villegas Lobo propone iniciativa de adiciones a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.
El objeto es que las autoridades tengan las bases para ejercer medidas en contra de quienes no respeten los derechos a estacionarse de las personas discapacitadas en los cajones destinadas para ellas, y se apliquen sanciones concisas a quien haga mal uso de esos cajones
Propone sanciones con multa de 20 a 50 veces el valor de la UMA al propietario de vehículo de motor que no cuente con la placa, calcomanía o tarjetón expedidos para personas con discapacidad y que, sin tal condición, ocupa los cajones de estacionamientos o espacios destinados para ascenso y descenso de personas con discapacidad.
En caso de reincidencia le serán aplicadas las tres sanciones previstas en este artículo, que son la mayor multa, detención del vehículo y arresto administrativo.
