Alumbrada la Superliga por 12 de los clubes más importantes de Europa, entre los que se encuentran el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, las consecuencias de la rupturista iniciativa al margen de la UEFA suponen una amenaza multidimensional que apunta a los cimientos de las estructuras tradicionales, a las ligas nacionales y a la distribución de los ingresos que genera la industria del fútbol.
El debilitamiento de la UEFA como organizador y distribuidor de la riqueza que generan las competiciones europeas será notable y anuncia una dura batalla jurídica contra la que los clubes rebeldes ya se han protegido. Según ha podido saber EL PAÍS, tanto la UEFA como la FIFA han recibido sendas cartas de los miembros de la Superliga en la que advierten que ya han presentado demandas precautorias ante las medidas que puedan tomar estos organismos para evitar que el proyecto salga adelante. Los equipos de la nueva competición pretenden seguir disputando las ligas nacionales y las competiciones europeas hasta que su proyecto salga adelante. La temporada 2022-23 es el objetivo para que arranque la rompedora competición.
“No puede ser que terceros usen nuestros derechos, nuestros activos y que muestren sus marcas para conseguir sus objetivos. Mientras, nosotros somos invitados sin derecho a abrir la boca”, expone un dirigente fundador de la Superliga. Los 12 clubes rupturistas claman contra el monopolio comercial que según ellos ejerce la UEFA con activos que consideran propios. Cada vez que se disputa un partido de la Champions o de la Europa League se obliga a los participantes a prescindir de sus patrocinadores en videomarcadores, paneles y vallas publicitarias. Un documento que fue mostrado a los clubes de LaLiga y a altas instancias del deporte español al que ha tenido acceso este periódico refleja que los fundadores de la Superliga se reservan la explotación de ciertos derechos en sus propias apps y plataformas digitales.
Las bases fundacionales del proyecto describen un holding de empresas con bases en España, para la gestión y la competición, y en Holanda para la venta de los derechos de televisión. La sostenibilidad económica del proyecto estaría supervisada por un organismo de control financiero con potestad sancionadora. Esta autoridad velaría por que los participantes cumplieran determinados requisitos. Por ejemplo, los clubes no podrían superar el 55% de su presupuesto entre salarios de jugadores y cuerpo técnico, transferencias y comisiones a los agentes y, además, los integrantes deberán acumular al menos tres años de ganancias antes de impuestos. Los clubes fundadores de inicio se repartirían 3.525 millones de euros para inversiones en infraestructuras deportivas financiadas por inversores. Estos fondos también podrán ser destinados a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. El banco estadounidense JP Morgan ya ha anunciado que será uno de los financiadores.
El reparto de esos 3.525 millones de euros, si finalmente son 15 los fundadores (12 más los tres invitados) sería así: 350 millones de euros para seis clubes, 225 para cuatro, 112,5 para dos y 100 para tres clubes, repartido de acuerdo a un sistema interno no sujeto a la clasificación de cada año. Los ingresos por televisión se estiman en unos 4.000 millones de euros, de ellos 264 irían destinados a la devolución de la financiación de los inversores durante 23 años. Es decir, el gran pastel económico superaría los 7.000 millones de euros por temporada. También está prevista la creación de un fondo de solidaridad para ligas, federaciones y clubes que superaría al de la UEFA, pero controlado por los miembros de la Superliga. Este matiz quiebra el sistema por el cual históricamente los presidentes tanto de UEFA como de FIFA alimentaban sus elecciones y sus mandatos. No solo el ecosistema financiero actual del fútbol está en jaque, también el de su representación.
La creación de la Superliga y el enriquecimiento de los clubes rebeldes mermaría sensiblemente a las competiciones domésticas. Las pérdidas de LaLiga por la reducción en derechos audiovisuales, patrocinios, ticketing y abonos se estima en unos 1.800 millones de euros. Por el carácter casi cerrado de la Superliga, los 12 fundadores (seis ingleses, tres españoles y tres italianos), más otros tres que se podrían sumar a esa condición, no descenderían. Solo habría cinco plazas libres cada año, lo que resta valor a las ligas.
Uno de los mayores obstáculos con los se va a encontrar la Superliga es el rechazo que genera entre los aficionados. Las ligas domésticas ya no servirán para que clubes más modestos tengan la oportunidad de enfrentarse a los grandes en competiciones europeas. Esto atenta contra uno de los cimientos que engrandeció el fútbol a lo largo de su historia: la posibilidad de que el pequeño derrote al grande. Se prevén manifestaciones de hinchas por toda Europa. Los del Liverpool ya han abierto el fuego y se espera que seguidores de más equipos de la Superliga se sumen a las protestas.
El encaje del calendario también será complejo y es la baza que pretenden jugar ligas y federaciones para torpedear el proyecto. La Superliga está proyectada para iniciarse a mediados de agosto y disputarse entre semana, salvo la final. De fondo también aparece el nuevo proyecto de Mundial de Clubes organizado por la FIFA, con 24 participantes y con 2023 como posible fecha de arranque. A él acudirían los cinco primeros de cada grupo de la Superliga y los sextos y séptimos se disputarían una eliminatoria para completar los 12 representantes europeos. Hasta ahora, el calendario internacional lo gestiona la FIFA en coordinación con sus seis confederaciones. El organismo que preside el suizo Gianni Infantino deberá hacer un encaje de bolillos casi imposible si no se reducen los equipos en las ligas domésticas y los partidos de selecciones.
(Con información de El País)
