Ciudad de México.- Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han presentado deficiencias en el control del uso de recursos públicos durante la actual administración. Entre ambas instituciones tienen pendientes por aclarar el uso de más de 378 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De dicho monto pendiente de aclarar o recuperar, más de 11 millones de pesos pertenecen al presupuesto de la FGR, mientras que unos 367 millones son del Conacyt, según los datos de la ASF.
Como parte de las auditorías pertenecientes a la Cuenta Pública 2019, la primera de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el máximo órgano auditor del país fiscalizó el uso de recursos en ambas instituciones.
En el caso de la FGR, la ASF refirió en el dictamen emitido el 11 de enero de este 2021, que derivado de un contrato relacionado con la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, no se comprobó el reintegro de la Tesorería de la Federación por parte de la fiscalía de 974,400 pesos que no fueron utilizados.
A su vez, en un contrato relacionado con servicios de protección y vigilancia “no se presentó la documentación que sustentara el servicio otorgado en 35 Inmuebles correspondiente a abril del 2019”, por un monto de 6 millones 983,000 pesos.
La ASF también detectó que 3 millones 401,100 pesos, relacionados con viáticos y estadías de 56 elementos de la FGR, “no se contó con la comprobación de la aplicación de los recursos o de las actas circunstanciadas en las que se señalen las razones que imposibilitaron la existencia de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto”.
El caso del Consejo
En cuanto al Conacyt, la ASF detectó irregularidades en cuanto a los recursos ejercidos para apoyos de investigadores y becarios de posgrado.
Según la Auditoría de Cumplimiento Forense: 2019-1-3890X-23-0385-2020 385-DE, se encontró que en el 2019 unos 5 millones 460,900 pesos fueron declarados como recuperables debido a que formaron parte del pago que se realizaron a becarios de posgrado cuya beca ya había concluido.
Otros 103 millones 698,200 pesos, que fueron pagos a becarios por conceptos que no se encuentran contemplados en la normativa respectiva, están pendientes de aclarar.
Sobre el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la ASF encontró que se realizaron pagos de estímulos económicos por 60 millones 920,600 pesos “a investigadores y ayudantes de investigadores por montos que no corresponden a los establecidos en el Reglamento del SNI”.
Con información de El Economista
