altavoz La noticia que provoca ecos
Ciudad de México.- Aureliano Martínez Schmidt, director general de la Asociación de Extractores de Caliza (ASEC) de Nuevo León, asegura que aumentó 100% el precio de los materiales para la construcción, incluidas la grava y arena, por el “impuesto al polvo” decretado por el gobierno de Samuel García.
La tonelada de grava tenía un precio de 100 pesos cuando no se pagaba el impuesto al polvo decretado por el gobernador de Nuevo León, dice el ingeniero del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Ahora esos mismos productos valen más de 200 pesos.
Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, decretó el cobro del impuesto a la extracción de materiales para la construcción, por lo que ya está generando pérdida de competitividad para la actividad empresarial, comenta el ex director general de Grupo San Jerónimo.
Guste o no, declara a Forbes México, cada una de las empresas lidia cada día 17 de mes con el “impuesto al polvo” de la Secretaría de Finanzas de Nuevo León, porque fue establecido y decretado por el gobierno del estado.
“Hay empresas que pagan por el impuesto a la extracción 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, 2 millones de pesos”, calcula el representante de las compañías extractoras de caliza en Nuevo León, las cuales se encuentran ubicadas en varios municipios.
Cada mes es probable que junten 50 millones de pesos por el pago de impuesto a la extracción, pero qué hará el gobierno de Samuel García con ese dinero, cuestiona el empresario regiomontano.
Lo ideal es que el gobierno estatal construya con los impuestos verdes infraestructura e invierta en una estrategia para reducir la contaminación: “No vayan a empezar a pagar nómina y hacer burocracia, eso no está bien y necesita el gobierno fajarse”, declara Martínez Schmidt.
Nuevo León no aguanta otros seis años de contaminación, por lo que el gobernador emergido de las filas de Movimiento Ciudadano está obligado a arreglar el problema: ”La sociedad ya está cansada”.
Los impuestos verdes contemplados en la reforma fiscal 2022 no tienen tinte recaudatorio, sino que tienen fines regulatorios para todas aquellas empresas y fábricas que contaminan el medio ambiente, afirmó en su momento el gobernador Samuel García.
El senador de Movimiento Ciudadano con licencia explicó de manera breve y sencilla cómo se aplicarán los impuestos “inteligentes” a la industria de Nuevo León.
En ningún momento se afectarán los bolsillos de los neoleoneses, ya que los impuestos buscan incentivar a las fábricas a invertir en procesos verdes en lugar de pagar al Estado dicho gravamen, expresó el joven mandatario.
“Los impuestos verdes es lo que se llama impuestos regulatorios, no buscan recaudar, más bien lo que quieren es incentivar a las empresas y fábricas que contaminan, qué les va a salir más barato invertir en filtros, calderas o en procesos verdes en lugar de pagarle al estado una cuota”, precisó el 26 de noviembre de 2021.
Samuel García comentó que las pedreras, al hacer sus extracciones, dejan el suelo de los cerros erosionado, por lo que con los vientos contaminan el aire; a ellos se les cobrará 1.5 UMAs y ese cobro irá destinado a reforestar el daño que hicieron.
En cuanto a las casi 260 fábricas y 22 pedreras contaminantes, si llegaran a exceder la norma ambiental se les aplicará de sanción 2.79 cuotas.
“Con ese dinero (pueden) echar a andar programas de aire limpio, programas de medio ambiente, de movilidad, que logren reducir completamente o mucho en parte la contaminación de Nuevo León”, manifiesta Aureliano Martínez.
“Los básicos de la construcción aportamos para una casa y calle la arena y la grava, por lo que el impuesto verde trae un impacto a la vivienda y encarece la compra de ella y también de los proyectos de infraestructura asfáltica”.
El impuesto verde sube la espiral inflacionaria y le quita competitividad a la industria de calizas, porque otros estados llegan con productos de mejor costo, reprocha el director de la ASEC.
“Esos estados no tienen el impacto en los impuestos de extracción que nosotros tenemos que casi duplican el valor del material”, apunta el empresario regiomontano.
Agrega que el impuesto a la extracción sí es recaudatorio y es diferente a los gravámenes cobrados por el gobierno para manejar las emisiones, el subsuelo y al agua.
“Paramos dos meses y medio en la pandemia de Covid-19, porque la connotación ambiental no la puedes despegar del impuesto verde. Hay una razón por la cual el gobierno quiere impuestos verdes o aplica impuestos verdes, hay un tema ambiental muy fuerte en Nuevo León que nunca se ha controlado”, expresa.
El gobierno de Samuel García sabe que la refinería de Cadereyta es un problema ambiental de Nuevo León, porque emite gases dañinos para la salud, comenta Martínez Schmidt.
Los vientos traen los gases de la refinería hacia la Zona Metropolitana de Monterrey, los cuales entran y generan toda una corriente de emisiones, así como eso agrégale los 2 millones 30 mil vehículos existentes en Nuevo, añade el director general de ASEC.
“Ya no es sustentable el parque vehicular ni esa refinería porque están encareciendo el ambiente y están afectando las condiciones de la salud pública”, destaca .
