Culiacán, Sin.- El inicio del ciclo escolar 2022-2023 impone la necesidad de verificar que los vehículos autorizados presenten condiciones físico mecánicas adecuadas y garanticen seguridad y comodidad a cientos de niños y niñas.
El titular de la Dirección de Vialidad y Transportes (DVT) del gobierno de Sinaloa, Miguel Loaiza Pérez, puso en marcha este día una jornada de revisión de las condiciones físico mecánicas de las unidades concesionadas y autorizadas para prestar el servicio público de transporte de educandos en Culiacán y el resto de Sinaloa.
En un diálogo con los prestadores de este servicio elemental para muchas familias, el funcionario dijo que los permisionarios realizaron un esfuerzo encomiable en el reacondicionamiento de sus vehículos, la mayoría de ellas con deterioro evidente a consecuencia de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19, las cuales los obligaron a suspender su actividad y a encerrar sus unidades durante más de dos años.
“El grupo de personas que ustedes atienden es el más preciado de entre cualquier modalidad de transporte: los niños y las niñas, por lo cual, pese a la afectación financiera que produjo la pandemia, el esfuerzo que requerimos de ustedes es mayor. A pesar de las dificultades, los vehículos deben circular en buenas condiciones”, expresó.
La jornada de supervisión consiste en constatar de manera directa el buen funcionamiento mecánico y de los sistemas de frenos, luces e iluminación; llantas en buen estado, carrocería con pintura adecuada, asientos seguros y confortables, además de la portación de una póliza de aseguramiento de viajeros, principalmente, entre otros elementos que garanticen seguridad a los niños que hacen uso de este servicio para acudir a sus respectivos planteles educativos.
En total, precisó Loaiza Pérez, operan en el estado un total de 251 camionetas tipo Van con permiso oficial. Ciento treinta se concentran en la ciudad de Culiacán, 58 en Mazatlán, 36 en Los Mochis, 6 en Guamúchil y 5 en Guasave.
Las revisiones continuarán de manera permanente en todas las ciudades en las que opera esta modalidad de transporte público, en cumplimiento a la obligación que impone la legislación a la dependencia para impedir también la circulación de unidades “pirata”.
