“Los presidentes van y vienen, pero la Suprema Corte permanece invariablemente.” Estas palabras, expresadas por el décimo presidente de la Corte Suprema, y vigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos de América, Howard William Taft, denotan un aspecto intrínseco de la naturaleza de la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo dentro del marco de las instituciones republicanas.
La raison d´etre de la división de poderes en el estado moderno se trata de un balance entre las diversas facultades y atribuciones de los organismos gubernamentales que busca, como meta fundamental, someter el poder público a la voluntad popular, la aquiescencia de los gobernados en la creación de leyes y, de manera sustancial, la supremacía y el acatamiento de la Constitución, para así prevenir la consolidación de un régimen tiránico que resulte hostil a los derechos y las libertades del ser humano.
El estado mexicano, en línea con los principios republicanos y democráticos de la Ilustración, la Independencia, la Reforma y la Revolución, se conforma por tres instituciones elementales que dividen al poder público. El Poder Legislativo se integra por un Congreso de representantes populares, que está facultado para crear, modificar y derogar leyes a partir de acuerdos y consensos entre las agrupaciones de los intereses políticos. El poder Ejecutivo, cuyo dirigente es elegido a través del sufragio, provee al Estado con un sentido de liderazgo y especialización en la ejecución de las tareas administrativas. El Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, es el encargado de la interpretación y la aplicación de la ley, y el garante de la Constitución y los Tratados Internacionales.
El Poder Judicial resulta excepcional en su conformación respecto a los demás poderes, a partir de que éste no se constituye por representantes populares o líderes designados a través del voto. El nombramiento de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia es el resultado de un acuerdo entre la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión sobre las personalidades mejor calificadas para formar parte del supremo tribunal de la nación. Fruto de esta naturaleza, es el principio de la independencia judicial, que busca asegurar la lealtad de los juzgadores a la ley, y no a una población de representados o a alguna agenda política.
La independencia judicial no es tan sólo un accesorio de la organización del Estado, sino que resulta un elemento fundamental y decisivo en el balance del poder público. Éste principio asegura que el poder garante de la justicia y la Constitución sea ajeno a los vaivenes políticos y los grupos de interés que tanto definen a los congresos y las administraciones. He aquí la importancia del discurso de la Ministra
Presidenta de la Suprema Corte durante la conmemoración del aniversario 106 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ministra Presidenta Piña resaltó acertadamente que la impar-
cialidad y la independencia del Poder Judicial son un soporte vital de la democracia, la libertad y la justicia. Más allá del supuesto protocolo y el que no se haya puesto de pie ante el Presidente López Obrador, la participación de la Ministra Presidenta en la sesión solemne celebrada en el Teatro de la República, estableció claramente su voluntad de salvaguardar la independencia judicial ante el acentuado protagonismo presidencial, la subversión, y la hostilidad ante otras instituciones autónomas por parte de un grupo de interés político.
La protección de la Constitución y la constitucionalidad de los actos de autoridad debe ser constante, certera y uniforme, independiente de la voluntad de los gobernantes, más aún cuando se trate de un régimen tan centrado en la consolidación del poder público bajo el mando de una sola persona. Las instituciones republicanas cuentan con esta serie de pilares y principios fundamentales que tienen como meta contrarrestar las actitudes autoritarias que tanto han empleado los líderes políticos de México a lo largo de la historia. A pesar de ello, la llamada Cuarta Transformación se ha visto particularmente decidida, y considerablemente exitosa en su meta de consolidar un régimen autoritario sometido a la voluntad del presidente, logrando un control casi absoluto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y una Suprema Corte que, bajo el Ministro Saldívar, resultó partidaria y cómplice.
Por estas razones, la postura de la Ministra Presidenta a favor de la independencia judicial brinda un respiro de aire fresco a quienes creemos en el balance del poder público y en la supremacía de la Constitución, ya que son éstos principios fundamentales los que protegen a nuestra sociedad de la tiranía, el despotismo y la arbitrariedad que tanto hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia como pueblo.
Por: Ricardo Fuentes Lecuona
