Este año se cumple una década de la ley contra la trata, pero legisladores, activistas y abogados coinciden en que es letra muerta para las niñas y adolescentes que son entregadas para concubinato o matrimonio forzado por sus propias familias.
Esto, porque si bien México tiene un marco jurídico que penaliza la trata de niñas, se necesita reconocer que también se incurre en ese delito cuando su familia las entrega para uniones conyugales, pues esta práctica representa una violación a los derechos de las menores.
Rumbo al periodo de sesiones que arranca el 1 de febrero, en el Congreso de la Unión hay seis iniciativas contra la venta de niñas. Cuatro en la Cámara de Diputados y dos en el Senado.
El Poder Legislativo está buscando incorporar al marco constitucional y legal de manera expresa que, por ningún motivo, costumbre o práctica se pueda violentar los derechos de las niñas y de los niños”, señaló en entrevista Ana Lilia Herrera.
Para la presidenta de la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados, el problema no es la falta de leyes, pues en 2019 se homologó en el país el veto al matrimonio antes de los 18 años. Alerta que las reducciones presupuestales a diversos programas obstaculizan impulsar acciones de educación, cuidados y prevención sobre la venta de niñas.
VA EL CONGRESO TRAS FRENO A VENTA DE NIÑAS
Considerado un problema de usos y costumbres de los pueblos originarios y denunciado ahora como una condena del patriarcado hacia las niñas indígenas, el matrimonio y las uniones conyugales infantiles se convirtieron en los últimos cuatro meses, como nunca, en una preocupación del Congreso mexicano.
Aunque en este 2022 se cumplirá una década de la ley en materia de trata, ésta continúa siendo letra muerta para las menores y adolescentes que son entregadas por sus propias familias, en una sociedad donde las instituciones del Estado y sus autoridades no terminan de comprender que ese es un delito.
Son niñas entregadas a una esclavitud”, señala la
diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI), quien busca el apoyo del pleno de San Lázaro para establecer en los códigos del país penas de cárcel y multas económicas contra los padres o tutores que consientan este tipo de uniones.
Y es que, si bien en México contamos con un régimen legal que penaliza la trata de niñas como tal, lo que sigue haciendo falta es el reconocimiento de que también se incurre en ese delito cuando una familia lo permite y que ello representa la violación a los derechos humanos de esa menor.
Consecuentemente, legisladores y activistas alertan que, si bien contamos con un marco jurídico robusto en la materia, aún carecemos de instituciones que asuman la responsabilidad de prevenirla y castigarla, obligaciones que por mandato de ley deberían cumplirse.
INTERÉS SUPERIOR POR ENCIMA DE COSTUMBRES
Frente a la omisión del Estado mexicano es que ahora el Poder Legislativo tiene un nuevo propósito: obligar a las autoridades competentes a reconocer que el interés superior de las niñas está siendo violentado y, lo más urgente, obligarlas a actuar.
Por eso es que en los primeros meses de la actual 65 legislatura, de septiembre a diciembre, se presentaron en la Cámara de Diputados dos reformas constitucionales en la materia y dos a nivel de ley, así como cinco puntos de acuerdo suscritos por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
El tema también dio paso a pronunciamientos e iniciativas en el Senado, donde el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, y el priista guerrerense Manuel Añorve igualmente se sumaron hacia el cierre de 2021 a esta ola parlamentaria que busca establecer en la Constitución que ninguna práctica o costumbre de los pueblos y comunidades indígenas puede violentar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que tampoco se tolere justificarlas bajo la libre autodeterminación de dichas comunidades. ,
Sin importar si el proyecto sale de Diputados o del Senado, es un hecho que el Poder Legislativo está buscando incorporar al marco constitucional y legal de manera expresa que, por ningún motivo, costumbre o práctica se pueda violentar los derechos de las niñas y de los niños”, declara en entrevista con Excélsior la presidenta de la Comisión de la Niñez en San Lázaro, Ana Lilia Herrera (PRI).
La diputada federal alerta sin embargo que el castigo presupuestal a diversos programas en este sexenio representa un obstáculo para impulsar acciones de educación, cuidados y de prevención que el problema entraña.
UN AMPARO CONTRA LA OMISIÓN
Mientras tanto, se abrió un inédito frente de batalla al cierre de 2021, cuando el Juzgado Cuarto de Distrito en Guerrero admitió a trámite una demanda de amparo en la que se reclama la omisión de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas por no iniciar una carpeta de investigación ni tomar medidas de protección para las niñas víctimas de trata en el estado de Guerrero.
En Guerrero las víctimas son niñas obligadas a contraer matrimonio, son niñas que son cedidas, son niñas que son vendidas como si fueran mercancía. Y las autoridades están siendo omisas porque su obligación es abrir una investigación de oficio”.
Así lo plantea el abogado Miguel Ángel Ortiz Gómez, responsable de este litigio sin antecedentes, quien sostiene que en un país que es el tercero en trata de personas en el mundo, después de Tailandia y Camboya, resulta inadmisible que se pretenda que las víctimas presenten denuncias de esa violación de los derechos humanos que cotidianamente se cometen en México porque ello es como pedirle a un secuestrado que lleve su defensa contra el secuestrador ante los tribunales.
Presentamos el amparo indirecto en contra de 3 autoridades: la Fiscalía General de la República; fiscal general del estado de Guerrero; y fiscal especializado en materia de trata de personas de la FGR, porque la propia ley establece un sistema de colaboración, y un sistema concurrente entre estas autoridades en donde tiene que haber coordinación, tiene que haber intercambio de información, tiene que haber medidas preventivas, y medidas de protección”, argumenta en entrevista con Excélsior.
Una premisa sustenta este reclamo ante la omisión del Estado mexicano: “la trata de niñas es un delito”.
El apoderado general Seamos Héroes explica que ésta, en su carácter de asociación civil vinculada a la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, puede reclamar que las autoridades rindan cuentas y precisen si existen las carpetas de investigación y si están identificadas las víctimas o al menos las comunidades de la entidad donde tendría que realizarse una labor de campo.
UN CENSO DEL PELIGRO
Impulsado por la coordinadora del Movimiento Unión Mujer, Paulina Amozurrutia, este recurso pretende que las autoridades levanten los censos correspondientes para la identificación de las víctimas.
Así que, de cumplirse este amparo, las autoridades señaladas deberán rendir un informe justificado en el que precisen si existe una carpeta de investigación abierta.
Si no la hay, que justifiquen por qué y también tendrán que rendir un informe respecto a las medidas de protección que han implementado para salvaguardar la vida, la libertad y la dignidad de las niñas en el estado de Guerrero”, detalla el abogado Ortiz Gómez.
Las leyes están ahí, al igual que los tratados internacionales. Pero “en donde ahora tenemos que ser muy duros y exigentes es qué han hecho las autoridades y la sociedad civil para dar complimiento a esas obligaciones. La crítica es qué hemos hecho con ese régimen jurídico”.
Cita el abogado del caso que el diagnóstico que a finales de 2021 publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de trata de personas. “Hay dos datos muy sensibles en Guerrero: en 2021 solo se iniciaron 3 carpetas de investigación y ni una sola carpeta ante un juez, es decir, no se ha consignado, no se ha ejercicio acción en contra de alguna persona que hubiera sido señalada en materia de trata de personas, y esta ausencia es lo más delicado, porque una niña no tiene ni la capacidad ni los recursos para denunciar. Claro, hay fiscalías especializadas, pero no tienen protocolos, no tienen presupuestos ni una agenda de atención y de prevención a las víctimas”, alerta Ortiz Gómez.
Para 2022 extender este enfoque hacia otras entidades mediante mesas del trabajo con autoridades y asociaciones civiles, ante el déficit institucional.
Porque hoy no hay una política clara, no hay un programa de coordinación a nivel federal, estatal y municipal para poder combatir y prevenir este delito”, enfatiza el abogado Ortiz Gómez.
CONSENSO EN EL SENADO
Aunque el tema de la venta de niñas en Guerrero surgió en la campaña electoral de 2021, al grado que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda prometió erradicar ese delito en La Montaña cuando rindió protesta, fue en octubre que esta realidad prendió las alertas cuando se conoció la historia de Angélica, encarcelada por su suegro porque huyó de su casa cuando él hizo un cuarto intento por violarla.
En el Senado, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, impulsó un exhorto al gobierno federal y a las autoridades de las 32 entidades, así como a la FGR y fiscales estatales a prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzoso.
La excandidata presidencial alertó que, de acuerdo con cálculos de organizaciones no gubernamentales, unas 300 mil menores de entre 12 y 17 años padecieron en la última década un casamiento precoz o concubinato; detalló que esta modalidad de trata registra testimonios médicos del riesgo obstétrico y sexual al que son sometidas, y denuncias de compras por cantidades de 50 mil a 250 mil pesos.
Y advirtió Vázquez Mota que esta violación de los derechos humanos también se presenta en Jalisco, CDMX y Nuevo León y no sólo en las comunidades indígenas de Guerrero y Oaxaca.
La senadora Xóchitl Gálvez (PAN), extitular de la Comisión de Pueblos Indígenas, aclaró que la venta de niñas y mujeres jóvenes “de ninguna manera es una costumbre ni forma parte de los sistemas normativos de las culturas indígenas ni está reconocida por las autoridades tradicionales”.
Sumó la parlamentaria panista de origen otomí una nueva alerta: “No debe soslayarse el impacto de la presencia del crimen organizado que muy posiblemente esté incidiendo en los casos denunciados en Guerrero, mismos que deben ser investigados y los culpables castigados de acuerdo con la legislación vigente, porque se trata de un delito”.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, fue más allá al presentar una iniciativa que estaría agendada para el próximo periodo de sesiones y que modifica el artículo 2 de la Constitución, a fin de evitar la venta de niñas y proteger los derechos e integridad de niños, niñas y adolescentes por encima de usos y costumbres de sus comunidades.
YA BASTA, DICEN EN SAN LÁZARO
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Cámara de Diputados que preside Ana Lilia Herrera consiguió la aprobación del pleno de un exhorto, el 9 de diciembre, por el que se condenan los hechos ocurridos en Dos Ríos, Cochoapa el Grande, donde Alejandra fue encarcelada durante 10 días, junto con sus tres pequeñas hermanas.
Fue un documento sustentado en las propuestas de las diputadas Amalia García Medina (Movimiento Ciudadano), Olga Luz Espinosa Morales (PRD), la propia presidenta de la Comisión; y Yesenia Galarza Castro (PAN)
Se exhortó a las autoridades a realizar la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades civiles y penales, así como a la reparación del daño de las víctimas. Se solicitó a las autoridades de Guerrero desplegar una campaña que inhiba esas prácticas sociales y se solicitó al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNNA) publicar las cifras estadísticas referentes al matrimonio infantil y venta de menores de dieciocho años de edad en nuestro país, los principales motivos que generan esta práctica, las consecuencias en las comunidades indígenas; así como las acciones enfocadas en erradicar esta práctica que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”, reseña la diputada Herrera Anzaldo.
Las respuestas a este punto de acuerdo siguen pendientes.
Pero la preocupación ha seguido escalando. El 25 de noviembre anterior, la diputada guerrerense María del Rosario Reyes Silva, pidió el respaldo de sus compañeros de Morena para ponerle fin a la tolerancia hacia “los usos y costumbres que son una forma de protección para el hombre, un permiso para seguir violentando a las mujeres; esos usos y costumbres sólo se dan en el arraigo patriarcal que existe en México”.
LOS PENDIENTES EN LA AGENDA LEGISLATIVA EN 2022
Para el periodo que iniciará el primero de febrero, los diputados tendrán que analizar las iniciativas de reforma constitucional, al Código Penal Federal y a las leyes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentadas por las diputadas Herrera Anzaldo, Lorena Haro Ramírez (PRI), Norma Aceves García (PRI), Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) y Karen González Márquez (PAN).
El problema, sin embargo, asume la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, no es la falta de un marco jurídico, ya que el mexicano en la materia es robusto y destaca que en 2019 se avanzó homologando en todos los estados la prohibición del matrimonio antes de los 18 años.
Pero estas prácticas no se dan sólo en lo legal. Se dan en lo cotidiano: hay uniones libres de hombres mayores con niñas todo el tiempo; es un problema social invisibilizado. Creemos que hay una cifra negra muy grande”, reseña la legisladora priista.
La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de San Lázaro celebra que el 31 de diciembre pasado se publicó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que en éste se pone énfasis en la preocupación de prevenir el embarazo adolescente.
Pero más que elevar sanciones, sostiene Herrera Anzaldo, la Cámara de Diputados debe hacer valer sus atribuciones para atender de fondo las causas estructurales de desigualdad y falta de educación, salud y violencia de género que subyace en una realidad dolorosa que convierte al matrimonio precoz en una salida familiar.
Las niñas, las adolescentes, no son bienes de intercambio, y unirse a un hombre mayor no es la forma de salir de la pobreza, cuando su madurez sexual no está vinculada a su capacidad de autodeterminación”, lamenta.
EN LA MONTAÑA OCURREN MÁS CASOS DE IMPACTO
Desde hace muchos años, los matrimonios forzados de niñas indígenas son una práctica muy común en algunos municipios de La Montaña, una de las regiones más pobres de Guerrero y del país.
A pesar de que es una práctica arraigada, pocos casos trascienden hacia el exterior de las comunidades, dada la “aceptación” colectiva.
En noviembre de 2021 se dio a conocer el caso de una menor del municipio de Cochoapa el Grande que abrió las puertas para que la gente supiera que la venta de niñas sigue existiendo en Guerrero.
El caso fue de Angélica, una menor de edad que también fue víctima de matrimonio forzado y que fue ultrajada por su suegro Rutilio, ante la ausencia de su hijo que se fue a trabajar a Estados Unidos. A Angélica la privaron de su libertad, acusándola su suegro de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía, quien tuvo el valor para denunciar esta violación y acusar a las autoridades comunitarias de privarla de su libertad.
La menor fue encerrada en una cárcel de la Policía Comunitaria y en una ocasión que su madre le llevo de comer, la señora fue golpeada por los comunitarios, perdiendo la mujer a sus bebés, pues estaba embarazada de trillizos. Ante el escándalo y la intervención de las autoridades, la niña fue puesta en libertad.
Unos días después, también en noviembre del 2021, la niña Anayeli, del pueblo Na’ Savi, originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande huyó de su casa, antes de que llegara la familia del niño para formalizar la unión matrimonial y recibir el pago acordado.
Anayeli es huérfana de padre y a causa del asesinato de su papá, su mamá se endeudó por los gastos funerarios. Al resistirse al matrimonio forzado, fue detenida por policías comunitarios a petición de los padres del niño.
En noviembre de 2021 se registraron cinco casos parecidos en el municipio de Cochoapa el Grande.
A finales de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan organizó una visita a la comunidad de la Joya para tener toda la información sobre el caso de Anayeli, invitando a personal de la Fiscalía General de Guerrero y a representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El dirigente de Tlachinollan, Abel Barrera, asegura que la idea original del ritual ancestral indígena de entregar doncellas por dote se ha perdido y ahora “se trata a las niñas como si fuera una mercancía”. Ahora las niñas son vulnerables, la nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas, afirma el defensor de los derechos humanos.
La presidenta de la organización Yo quiero, Yo puedo, Martha Givaudan, señaló que al menos unas 300 mil niñas han sido víctimas de esta venta y arreglo para casar a las niñas con extraños, aunque asegura que no hay cifras exactas sobre el tema.
ES UNA ESCLAVITUD: EUFROSINA
El 9 de diciembre, la expresidenta del Congreso de Oaxaca subió a la tribuna para contar a los diputados las historias de niñas que por generaciones han sido entregadas a hombres mayores a cambio de animales, terrenos, bienes o apuestas.
Eufrosina Cruz Mendoza consiguió el apoyo de medio centenar de legisladores que consideraron viable y necesaria su propuesta de tipificar como delito el matrimonio forzado de menores con dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el responsable (padre, madre, tutor, hermano, tío) perdería, en su caso, la patria potestad.
La legisladora, que exhibió hace más de una década los usos y costumbres que violaban los derechos políticos de las mujeres en las comunidades indígenas de Oaxaca, busca ahora que incumplir con la legislación en favor de la niñez tenga consecuencias.
Todos nos indignamos cuando sale una nota de una niña vendida y nos golpeamos el pecho, ajá ¿y? En esta Legislatura tenemos esa gran oportunidad, la de legislar para que se castiguen estas prácticas que se dan en medio de la desigualdad, donde se dice que la normalidad es que las niñas se tienen que casar a los 12, 13 años, y a veces hasta los papás creen que es lo correcto”, expone en entrevista.
Considera que hasta hoy instituciones y sociedad se hicieron de la vista gorda, sin asumir el desafío de romper de tajo con estas prácticas relacionadas con cacicazgos.
La diputada Cruz Mendoza confía en que habrá sensibilidad en San Lázaro para dar este paso, independientemente de las consideraciones del Presidente de la República.
Muchas de las compras las hacen los caciques de las comunidades, también. Y quizás el delito de estas niñas es que no pueden votar. Si fuesen mayores de edad, otra cosa sería. Tenemos nosotros que abrir esta brecha. Se trata de salvar vidas, porque cuando una niña es entregada en matrimonio, se convierte en esclava. Y si somos una Legislatura que defiende la libertad, por supuesto que la mayoría votará a favor”.
Con información de Excélsior
