Ciudad de México.- “Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil”, publicó el miércoles en su cuenta de Twitter la periodista y activista mexicana Lydia Cacho.
La publicación se refiere a la detención del exgobernador del estado de Puebla Mario Marín, quien era buscado desde hacía casi dos años por acusaciones de haber ordenado la detención ilegal y tortura de Cacho en 2005.
¿Qué ocurrió exactamente en este caso?
La investigación
El caso se inició en 2005, cuando la periodista publicó el libro “Los demonios del edén”, en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos.
“En cuanto empecé a profundizar en la investigación, vi que se trataba de algo grande, que se trataba de una red de explotación sexual infantil”, le dijo Cacho a BBC Mundo en una entrevista en 2015.
“Además de darle voz a las víctimas, lo más importante fue poder explicar cómo funcionan estas redes. Había senadores, diputados, gobernadores y empresarios multimillonarios vinculados en la explotación sexual de niños y niñas, y por otro lado, el lavado de dinero”.
En el libro, Cacho menciona a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables de esa red.
Meses después de la publicación de su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia. La demanda había sido interpuesta por Nacif.
Detención y tortura
Según denunció la periodista, durante su traslado por tierra desde Cancún a Puebla fue sometida a torturas para intentar callarla y que desmintiera el contenido de su investigación.
“Fueron veinte horas de tortura en un viaje de 1.500 kilómetros en cinco estados de la República mexicana durante toda la noche y un día completos, rodeada con cinco judiciales armados, que me ponían el arma en la cabeza, proferían amenazas de muerte constantes, control de alimentos, en síntesis, tortura psicológica”, relató Cacho.
“Fue el evento más difícil de toda mi vida y yo creí que iba a perder la vida en ese momento. Me siento como una sobreviviente de la violencia de Estado”.
Cacho fue exonerada de las acusaciones en su contra en enero de 2006.
Un mes más tarde, salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, en las que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un”pinche coscorrón” porque “en Puebla se respeta la ley”.
Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista.
Sin embargo, esta se mantuvo años estancada y no fue hasta años después que se produjeron las primeras acciones penales.
La búsqueda de justicia
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce que la reportera mexicana fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar “con penas adecuadas” a los responsables de esas agresiones.
Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió disculpas públicas y en abril de 2019 se emiten órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
Nacif y Karam siguen prófugos.
Según informó Animal Político, hasta el momento las autoridades mexicanas también detuvieron a dos exintegrantes de la Policía Judicial de Puebla involucrados en los actos de tortura contra la periodista.
Mientras tanto, Lydia Cacho ha pasado todos estos años viviendo bajo amenazas de muerte y atentados en su contra, por los que ha tenido que huir de México en varias ocasiones.
En julio de 2019, entraron en su casa, mataron a sus dos perros y le robaron material de trabajo, entre el que se encontraba información relacionada con un caso de pederastia.
