Sinaloa.- Las corporaciones de seguridad y justicia en Sinaloa, desde las preventivas hasta las de investigación y procuración de justicia, tienen la obligación de evaluar permanentemente a sus elementos y garantizar que los no aprobados o con vínculos con el crimen sean expulsados de las corporaciones, expuso la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El organismo ciudadano señaló que además el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) está obligado a analizar y reajustar en su caso los lineamientos para detectar de manera más certera a aquellos elementos que no cumplan con los requerimientos necesarios para laborar en áreas de seguridad pública y de procuración de justicia.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, de los 7,132 elementos policiacos activos en Sinaloa, en promedio el 71% está aprobado en control y confianza, mientras que el 28% no está aprobado y aun así permanece como parte de las corporaciones, lo que supone un grave riesgo para la seguridad.
El desglose de aprobación por dependencia en Sinaloa es:
· Seguridad Pública Municipal: 66% de elementos aprobados, 33% no aprobados
· Seguridad Pública Estatal: 89% de aprobados, 10% no aprobados
· Prevención y Reinserción Social: 68% de aprobados, 31% no aprobados
· Fiscalía General del Estado: 78% de elementos aprobados, 21% no aprobados
Estas cifras reflejan la necesidad e importancia de que las corporaciones policiales reciban recursos y apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal para mantener la permanente evaluación y capacitación de los agentes.
La Coordinación General del CESP recordó que la propuesta de presupuesto federal pretende eliminar el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), recursos que son mayormente utilizados para pruebas de control y confianza, así como para la formación de nuevos policías.
No obstante, los legisladores federales aún están a tiempo de evitar estos recortes.
Además, las autoridades estatal y municipales deben analizar y considerar en los próximos presupuestos locales los recursos necesarios para la evaluación, depuración y capacitación de los agentes, a fin de garantizar que se cumpla con estos puntos clave en materia de seguridad.
