Culiacán, Sin.- Incrementar las penas en el delito de abuso sexual era una acción impostergable, sobre todo establecer que quien lo cometiera no pudiera quedar en libertad, expresaron las diputadas Gloria Himelda Félix Niebla y Juana Minerva Vázquez González.
Fijaron estos posicionamientos al intervenir en la discusión del dictamen que se aprobó y que reforma los artículos 183, 186, 187, fracciones I, II y III; adiciona los artículos 183 Bis, 183 Bis A, 183 Bis B y 187 con las fracciones IV, V, VI y VII; y deroga del artículo 187, los párrafos segundo y tercero, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, en su calidad de autora de una de las iniciativas sobre el tema resaltó que el artículo 183 contemplaba una pena para el delito de abuso sexual de 1 a 3 años, lo que traía como consecuencia que quien lo cometiera podía obtener su libertad.
“Hoy –precisó– damos una herramienta para que quien se atreva a abusar de una persona menor tendrá una pena que no le permitirá alcanzar su libertad”.
Lamentó que se tuvieran penas de pocos años, pues el daño que se causa a la víctima no es temporal, sino que les dura para siempre.
Elevar las penas, explicó, debe ser así porque se debe magnificar el castigo en contra de quienes abusan de niñas, niños y adolescentes y mujeres.
“Damos un paso adelante en la protección de niñas, niños y adolescentes y mujeres, y un paso adelante en la justicia penal, nos colocamos con las normas internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niña y niños”, aseguró.
La diputada Juana Minerva Vázquez González, de Morena, felicitó a la Comisión dictaminadora y quienes presentaron las correspondientes iniciativas por preocuparse por una situación que todos observan.
Las reformas para aumentar las penas en el abuso sexual eran impostergables porque todos nos hemos comprometido en legislar y establecer todos los mecanismos para proteger a los grupos vulnerables, dijo.
Es importante, añadió, que no haya impunidad, que quienes cometen delitos no queden en libertad y sin castigo.
Resaltó como positivo que se haya pasado de una pena de 1 a 3 años a otra de 6 a 10 años de prisión.
“Que se haya aumentado la pena y que esta sea un instrumento para atacar y erradicar esta desgracia social”.
Se debe seguir trabajando en acciones legislativas, dijo, para garantizar y fortalecer el derecho de las niñas, niños y adolescentes y mujeres a tener una vida libre de violencia.
