Guasave, Sin.- Al reunirse hoy con representantes de los colegios de abogados que demandan que no se excluya a Guasave de la justicia laboral, el alcalde Martín Ahumada Quintero, informó que el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázares, le confirmó que en enero se instalará en el municipio la delegación centro-norte del Centro Estatal de Conciliación Laboral de Sinaloa.
Esta oficina atenderá a otros municipios como Sinaloa, Salvador Alvarado y Mocorito, pero el presidente municipal expresó su respaldo para acompañar a los abogados en las gestiones a nivel estado para que Guasave no sólo tenga un Centro de Conciliación, sino también un Juzgado Laboral, e insistir en la necesidad de un Centro de Justicia Penal, en donde se integren otras áreas.
También daría seguimiento a la propuesta de Manuel Cortez, secretario del colegio de abogados Lorenzo Meza Sandoval, de un transitorio en el decreto, para que en Guasave la Junta de Conciliación siga funcionando, en tanto se abre el nuevo centro, en el mes de enero, pues de lo contrario eso le implica a los ciudadanos en estos cinco municipio trasladarse a Los Mochis.
Los abogados acordaron elaborar un documento y buscar la firma de los profesionales del derecho para que el gobierno del estado y el Congreso atienda estas propuestas; Anabel Hernández Ríos, tesorera del colegio José Antonio Sánchez Rojo, comentó que la Canaco, Canacintra y Coparmex se sumarán a esta lucha, pues esto afecta a las empresas y a los trabajadores.
José Nelson Cázares, ex presidente del Colegio Perspectivas Jurídicas expuso que las cifras sustentan esta demanda pues hasta el mes de septiembre la Junta de Conciliación y Arbitraje y la oficina de la Procuraduría del Trabajo en el municipio atendieron mil 190 casos, con una restitución de 4 millones 661 mil pesos.
Esto representa un promedio de 170 casos por mes y 517 mil pesos de restitución al trabajador, además de que de acuerdo con la Canaco son 13 mil establecimientos en Guasave y Sinaloa.
González Villegas, presidente del colegio José Antonio Sánchez Rojo precisó que el terreno que originalmente estaba planteado para el Centro de Justicia Penal, ya tiene certeza jurídica y el dominio pleno, por lo que el alcalde dijo que se reunirá con el propietario para proponer su compra al gobierno del estado, al ser más viable que el ex penal de Ocoro.
En la reunión estuvieron Luis Miguel González Valle, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento; María Socorro Valenzuela, presidenta del colegio de abogados Perspectivas Jurídicas; José Miguel Cárdenas, presidente del colegio Lic. José Luis Leyson Castro; Óscar de la Vega, en representación de Perla María Sauceda, presidenta del colegio Raúl Cervantes, entre otros abogados locales como José Antonio Rubio Cervantes y Margarita Samaniego.
