Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, Pablo Gómez, se refirió esta mañana a los contratos que firmó una ex funcionaria de la secretaría de Seguridad Pública en el período de Genaro García Luna, y que ha sido contratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde hay un entramado que a juicio suyo evidencia una cadena de corrupción desde la Policía Federal que encabezó Genaro García Luna.
La denuncia pública salpica a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Como lo ofreció la semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana Pablo Gómez recordó que en el período de Felipe Calderón, Sonia Vargas Terrero, actual funcionaria del Consejo Judicatura Federal, es responsable de la firma de contratos por 71 millones de dólares en EEUU.
Rodrigo Esparza Quistera, comisionado de PFP, 69 millones de dólares; Humberto Martínez González, 37 millones 875 mil, Rafael Avilés, 2 millones 500 mil dólares; Luis Cárdenas Palomino, 2 millones 500 mil dólares; Roberto Cardoso, 12 millones de dólares, y Eduardo Enrique Gómez García, 56 millones 121 mil 595.
Cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato. Del período del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 también firmaron contratos Eduardo Imaz, por 253 millones 51 mil dólares, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos; Eduardo Guerrero Durán, 88 millones de dólares; José Alberto Rodríguez Calderón 26 millones de dólares; Octavio Medina Estrada, 26 millones 666 mil pesos; Raúl Mata Soria, 26 millones 666 mil, que forman parte del mismo contrato; María Dolores Rojas Soto, Enrique Salinas Romero.
“Como ustedes pueden suponer todas estas erogaciones a una sola Holding, a un conglomerado o consorcio de empresas dirigido en EEUU por dos personas, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego los primeros”, dijo Pablo Gómez.
El funcionario ofreció entregar a los reporteros cada uno de los contratos, una pequeña nota para referir qué amparó cada contrato.
“Estamos hablando de un complejo mecanismo de exacción de recursos públicos que ronda los 700 millones de dólares”, reveló Pablo Gómez.
El titular de la UIF dijo que ese dinero es el que se está demandando para que sea restituido a México, el juicio fue admitido y se llevará a cabo por parte de una Corte de Florida que se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados.
Es necesario decir que las personas que he mencionado forman parte de las denuncias presentadas, o están dentro de ellas, ante la Fiscalía General de la Republica, no son personas desconocidas para la Fiscalía.
“No se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México. Nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un Juzgado Penal Mexicano”, sostuvo el titular de la UIF.
Estamos insistiendo para que esto sea debidamente procesado y todas estas personas están por completo involucradas, porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y autorizaron las erogaciones.
¡Anuncia AMLO plan de visas de trabajo para centroamericanos en México!
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que esta semana presentará un programa para “nuestros hermanos centroamericanos” con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obra pública en México.
Que puedan estar legalmente en México con visas temporales de trabajo, porque necesitamos para las obras, y más si se trata de mano de obra calificada.
“Nos hacen falta fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros”, dijo.
López Obrador indicó que para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa a conductores, mecánicos, es una labor importante.
“Todo esto es por no permitir la corrupción”, dijo el Presidente.
