Silvia tenía 13 años cuando el patrón de su mamá la agredió sexualmente.
Una tarde de diciembre de 2018, la adolescente le contó lo sucedido a su mamá, quien de inmediato la llevó al Centro de Salud Ahuatepec, —en Cuernavaca, Morelos—. Ahí, la doctora que las atendió les dijo que la menor “no tenía nada”, sin embargo, días después Silvia comenzó con un dolor abdominal. Acudieron a una farmacia de medicamentos genéricos en donde le recetaron pastillas para la gastritis.
La adolescente no tenía problemas estomacales, estaba embarazada y eso lo supo ella y su mamá hasta que visitaron a un tercer médico quien confirmó que tenía 15 semanas de gestación. Por más que pidieron ayuda para interrumpir legalmente el embarazo —producto de una violación—, en el Hospital General “Dr. José G. Parres”, de Cuernavaca, les negaron el acceso a su derecho.
Han pasado casi tres años, y aunque Silvia logró interrumpir su embarazo gracias al apoyo de organización GIRE que la ayudó a trasladarse a la Ciudad de México y poder ejercer su derecho, las autoridades sanitarias de Morelos tienen como plazo hasta este domingo 14 de noviembre para aceptar la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos estatal emitió y en la que se acreditaron graves violaciones a los derechos humanos de la joven y su mamá.
Solo a través de la aceptación de la recomendación y de la inscripción de Silvia y su familia en el Registro Estatal de Víctimas, la Comisión Estatal de Víctimas podrá realizar un plan individual de reparación integral del daño, de lo contrario, la agresión y el actuar omiso de las autoridades seguirá impune, obligando a Silvia y su familia a iniciar un nuevo proceso —el cual puede tomar años— hasta encontrar justicia.
“Si no aceptan la recomendación lo único que le queda a Silvia y a su mamá es la impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De por sí ellas ya llevan casi tres años en este proceso y esto sería regresar casi al principio, simplemente porque las autoridades no se quieren hacer responsables de lo que les toca.
“El hospital podría ser pionero y poner el ejemplo al resto de hospitales y autoridades de salud del país al aceptar que cometió una violación a derechos humanos y que está dispuesto a no repetirlo y repararlo”, señala Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia en políticas públicas de GIRE.
“No atendemos ese tipo de casos”
En 2018, Sara, mamá de Silvia comenzó a trabajar en una casa en donde ayudaba a lavar trastes. Desempeñó esta labor por alrededor de tres meses, tiempo en el que el esposo de su empleadora abusó sexualmente de su hija Silvia de 13 años.
El 9 de diciembre de 2018 la niña le contó a su mamá lo que pasaba, así que al día siguiente acudieron al Centro de Salud Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos, para recibir atención médica. Una doctora de apellido Fierro concluyó que la menor “estaba bien y no tenía nada”.
De acuerdo con la relatoría de hechos contenida en la recomendación CDHM/SE/V5/061/151/2029, madre e hija volvieron a este centro de salud el 28 de enero de 2019 porque Silvia continuaba con dolor en el abdomen. Las pastillas para la gastritis que le habían recetado días atrás no sirvieron de nada.
En esa ocasión fueron atendidas por el doctor Díaz quien después de revisarla y hacer algunas preguntas, les dijo que Silvia estaba embarazada.
Ese mismo día el médico las refirió al Centro de Salud y Género, Unidad Especializada de Cuernavaca en donde les entregaron varios escritos para la Fiscalía General del estado, para el Centro de Justicia para las Mujeres y para el Hospital General “Dr. José G. Parres”, todos ellos con el objetivo de denunciar la violación y que Silvia recibiera toda la atención médica a fin de que pudiera interrumpir su embarazo de conformidad con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza a las mujeres la interrupción del embarazo en caso de violación sexual.
Fue el 31 de enero de 2019 cuando Silvia y su mamá acudieron a la Fiscalía de Delitos Sexuales a presentar la denuncia por violación y solicitar la interrupción legal del embarazo. Se abrió la carpeta de investigación FDS/06/2019 y fueron referidas al Hospital General “Dr. José G. Parres” en donde no las atendieron y les pidieron volver al otro día.
“El 1 de febrero de 2019 acudieron nuevamente al hospital donde después de esperar varias horas les informaron que regresaran el 5 de febrero. El 5 de febrero de 2019 al acudir a dicho nosocomio le realizaron (a Silvia) un ultrasonido que decía que tenía 15 semanas de embarazo, sin embargo, el director del turno vespertino les dijo que ahí no les iban a ayudar a interrumpir el embarazo producto de la violación porque ahí no atendían ese tipo de casos y que mejor buscaran ayuda en otro lugar”, se lee en la recomendación.
En entrevista, Rebeca Lorea reprocha que para negar el aborto cuando la mujer ha sido violentada sexualmente, las autoridades solo buscan pretextos o apuestan por el silencio, pero nunca ofrecen a las víctimas ninguna justificación real.
Silvia y su mamá buscaron ayuda, y a través de GIRE pudieron viajar a la CDMX para la interrupción del embarazo, un derecho que les fue negado por los Servicios de Salud de Morelos, a través del Hospital General “Dr. José G. Parres”.
Tres meses después, el 2 de mayo de 2019, se solicitó la orden de aprehensión en contra del agresor de Silvia, sin embargo, esta fue negada por la juez de control. El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación el cual fue admitido.
El 20 de enero de 2020 se solicitó de nueva cuenta la orden de aprehensión, misma que fue concedida, sin embargo, hasta el 28 de septiembre de 2021 —cuando la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emite la recomendación— esta se encontraba pendiente de cumplimentar.
Hay que subrayar que esta no es la primera vez que los Servicios de Salud de Morelos y el Hospital General “Dr. José G. Parres” niegan el acceso a la interrupción legal del embarazo por violación.
Un caso similar fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 601/2017. A partir de la negativa de la interrupción legal de embarazo por parte de las autoridades de este hospital, la SCJN determinó la calidad de víctimas a las personas afectadas.
“Parece un déjà vu de un caso que llevamos hace cuatro años y que fue en el mismo hospital. Fue un caso prácticamente idéntico, una chica que tenía un embarazo producto de una violación, acude al mismo hospital Parres para solicitar un aborto al cual tiene derecho y le es negado sin justificación alguna.
“Al hospital le sigue importando poco porque cuatro años después tenemos un caso idéntico y en este caso, además, no están aceptando la recomendación (…) el hospital y los Servicios de Salud de Morelos están mostrando un desdén muy preocupante hacia los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual”, lamentó la coordinadora de incidencia en políticas públicas de GIRE.
De acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, los Servicios de Salud de Morelos —como parte de la documentación del caso— negó su responsabilidad en el caso argumentando que cuando Silvia acudió al hospital se le practicó un ultrasonido.
“Para este organismo, tales afirmaciones realizadas por la autoridad carecen de sentido, toda vez que el servicio médico solicitado por la adolescente consistía en la interrupción legal del embarazo y no así en la práctica de un simple ultrasonido; situación que se corrobora al tomar en consideración que la adolescente tuvo que realizarse el aborto en una institución diversa de las que dependen los Servicios de Salud Morelos”, subraya la Comisión de Derechos Humanos estatal.
Reparación del daño
Según detalló Lorea, al momento los Servicios de Salud de Morelos han aceptado parcialmente la recomendación emitida.
Este domingo 14 de noviembre se cumple el plazo que dio la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que las distintas autoridades señaladas acepten su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Silvia y su mamá y que con ello se pueda transitar hacia la reparación del daño.
Además de la inscripción de Silvia, su mamá y hermanos al Registro Estatal de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos recomendó que a las víctimas se les ofrezca una disculpa pública en la que se reconozcan las violaciones cometidas en su agravio admitiendo que los hechos ocurridos atentaron contra sus derechos humanos; que el hospital capacite a los profesionales de la salud sobre la aplicación de la NOM 046 y que desarrolle campañas de sensibilización.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, el organismo pidió que se lleven a cabo las investigaciones administrativas correspondientes en contra de aquellos servidores públicos que participaron en estos hechos, así como que den cumplimiento inmediato a la orden de aprehensión en contra del agresor de Silvia.
Animal Político buscó a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para conocer los avances en la aceptación de la recomendación, pero indicaron que no era posible compartir ningún detalle por protección a los datos personales. Solo comentaron que habían recibido nueva información que estarían notificando a la brevedad al abogado de Silvia y su mamá.
Con información de Animal Político…
