Los Mochis, Sin.- Los abogados organizados de Sinaloa externaron su rechazo absoluto a las reformas a la Ley de Aranceles que implicaría establecer cotizaciones de cobro por los servicios profesionales que prestan a la sociedad, y con base en ello aplicar un porcentaje a pagar al Estado, y eso no puede ser porque tampoco ha habido una consulta con las barras, colegios o asociaciones.
El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox, dijo que este es un documento vago, ambiguo e insustancial, y no están de acuerdo en tanto no se platique, y si lo quieren aprobar a la brava los abogados buscarían ampararse y demandando que no tenga efectos retroactivos.
“Los abogados temen que esto se los aprueben al vapor, porque a como se ha estado manejando, sin haber notificado a las organizaciones como la Fedasin, llama la atención poderosamente. Esto nos permite ubicar el contexto en algo que se está cocinando al vapor”, dijo Polo Palafox.
Polo Palafox dijo que en sesiones diversas la Fedasin ha abordado este tema, y aunque son partícipes de que todas las actividades que tienen que ver con servicios profesionales tengan que ser reguladas por la ley en el tema del costo. Pero no están de acuerdo en que no se les haya tomado en cuenta.
“En el caso concreto esa socialización de parte del Congreso del Estado, en ningún momento se ha dado. Que el Congreso sepa, entienda y procese que todo proceso legislativo debe ser como consecuencia de una retroalimentación”, sostuvo.
Precisó que estas son disposiciones legales abstractas e inexactas que no sustentan bien siquiera el costo de algunos servicios profesionales dentro de la abogacía.
Dijo que a petición de sus representados platicará con los Diputados al Congreso del Estado para platicar con ellos, y adaptar esto a la realidad. Hasta este momento los abogados han tenido acceso a la iniciativa por vías alternas, pero no por vías legislativas.
Finalmente, señaló que les parece sospechosa la discreción con que se está tratando el tema en el Congreso del Estado. Lo que piden es que se adapte a la realidad socioeconómica que imperan en Sinaloa.
En la ley se fijan los montos que el abogado tiene que cobrar, pero no se retoman los temas de amparo donde la mayoría de los juicios sigue esa ruta.
“Nosotros no estamos de acuerdo hasta que se platique esto”, dijo finalmente.
