Mocorito, Sin.- La construcción de rampas en la plazuela municipal de Mocorito se ha convertido en un foco rojo de controversia, luego de que el presidente municipal, Enrique Parra Melesio, asegurara contar con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras que la delegación del propio instituto en Sinaloa mantiene una postura que pone en entredicho esa versión y asegura que no hay autorización.
El alcalde ha defendido la obra argumentando que su objetivo es facilitar el acceso a personas con discapacidad y adultos mayores, permitiéndoles desplazarse sin ayuda de terceros. Incluso afirmó que el INAH no solo conoce el proyecto, sino que lo ha autorizado y acompañado durante su ejecución. “Ellos nos autorizaron, estamos trabajando en ese sentido y si hay observaciones, se corrigen”, declaró.
Sin embargo, estas afirmaciones chocan frontalmente con lo expresado por el delegado del INAH en Sinaloa, Servando Rojo Quintero, quien ha sido claro al señalar que no se entregó ningún permiso para realizar la obra y que el único proyecto autorizado en Mocorito esta relacionado con el museo regional y sin una autorización previa, formal y por escrito, y que mientras el permiso no esté plenamente otorgado, las obras no deberían ejecutarse.
La contradicción es evidente: mientras el Ayuntamiento sostiene que el “balón está en la cancha del INAH” y que el instituto está de acuerdo con el proyecto, el propio INAH ha advertido que su función no es legitimar obras en marcha, sino evaluarlas antes de que se intervenga el patrimonio histórico, precisamente para evitar daños irreversibles.
El riesgo va más allá de las rampas. Permitir modificaciones sin una autorización clara puede sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a que particulares exijan el mismo trato para alterar fachadas, viviendas y estructuras históricas, poniendo en jaque la imagen y la protección legal del centro histórico de Mocorito.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha hecho público ningún documento que acredite una autorización formal del INAH, mientras que el instituto mantiene su postura de revisión y control estricto. Esta falta de claridad incrementa las versiones sobre la falta de un documento donde se autorizó la construcción de las rampas.
