Guamúchil, Sin.- El ex vicepresidente y ex consejero nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), Luis Roberto Sánchez Inzunza, calificó como una “aberración” que la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dio el poder a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para poder llevar a cabo el bloqueo de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.
Sanchez Inzunza, aseguró que esta ratificación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas física y morales que tienen cuentas bancarias, ya que no se respeta el principio de presunción de inocencia, además de que en la mismo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plasma textualmente que nadie puede ser molestado sin una orden de un tribunal competente en el cual se fundamente y motive la causa de ese procedimiento.
Expresó que debería de haber una preocupación en el pueblo mexicano, ya que podrían presentarse posibles afectaciones a la seguridad jurídica, debido a que este poder que se le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede ser utilizado como un objeto de venganza política, ya que esta unidad no es un órgano autónomo, ya que depende de la Secretaría de Hacienda y del máximo poder ejecutivo, por lo que pueden verse afectadas personas tanto físicas como morales por cuestiones políticas.
Mencionó que esta situación al igual que otras que se han presentado en los últimos años deja como evidencia una vulneración al estado derecho en el cual como mexicanos se tiene derecho a vivir.
Agregó que esperan que la Unidad de Inteligencia Financiera no se aproveche de este poder que se le otorgó para congelar cuentas bancarias a diestra y siniestra sin tener indicios sólidos, fundados y motivados, que indiquen que el recurso de las cuentas esta relacionado al lavado de dinero o al financiamiento de terrorismo.
Comentó que no cualquier depósito que se recepciona en una cuenta bancaria necesariamente tiene que ser o presumirse como de lavado dinero, por lo que esta situación pone todo a la inversa, debido a que se está revirtiendo la carga de la prueba al gobernado para que sea quien demuestra que su recurso es totalmente explícito, y no al revés que cuando la autoridad advierta alguna posible irregularidad en una transacción sea esta quien demuestre que no se comprobó la licitud de ese recurso.
