Guasave, Sin.- La visitadora de la zona norte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lorena Landeros Rosales, quien estuvo presente también en la toma del ayuntamiento, informó que el organismo mantiene un expediente completo y abierto respecto a la queja presentada por cerca de 80 policías jubilados que acusan discriminación en la dispersión de apoyos estatales.
Señaló que el caso se está siguiendo “por oficio” debido a la gravedad de los señalamientos y a la documentación que han logrado recabar.
Explicó que derivado de múltiples solicitudes y gestiones, la CEDH ha obtenido información detallada sobre el monto del apoyo económico estatal, la forma en que fue asignado, los responsables de su distribución y los plazos establecidos para su entrega. En ese proceso, dijo, se detectó que el recurso estaba dirigido específicamente a una asociación civil, lo que originó la queja formal por discriminación.
“Es un reclamo justo. Si ya resolvieron para un grupo, tienen que resolver también para el otro. Por eso tomamos la queja como un acto discriminatorio”.
La visitadora recordó que desde hace más de quince días, la CEDH solicitó a la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya agendar una reunión con el presidente de la Comisión Estatal, Oscar Loza Ochoa, con el fin de instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado.
Aclaró que el organismo ha dado seguimiento puntual a los escritos enviados al Ayuntamiento, el cual dijo, ha respondido a los oficios, aunque sin presentar una solución de fondo.
“Ha sido un ir y venir de oficios. Ya contamos con toda la información sobre cómo se movió el recurso, por eso seguimos acompañando al grupo. Ahora lo que falta es abrir una mesa de trabajo”.
Añadió que como autoridad observadora tiene la obligación de levantar un acta circunstanciada y documentar cada avance del expediente para informar tanto a la ciudadanía como a la dirección estatal de la CEDH.
La visitadora reconoció que una recomendación en contra del Ayuntamiento de Guasave es posible si no se logra una resolución que garantice igualdad de trato a los policías jubilados.
“No quiero pensar que salga una recomendación, porque muchos municipios dejan de obtener apoyos por tener observaciones de este tipo. La recomendación es la última instancia, pero depende de cómo estén resolviendo. Y aquí no vemos fechas, no vemos voluntad”.
Explicó que una recomendación afecta directamente a las administraciones municipales porque evidencia que no se están realizando correctamente las funciones públicas y se acreditan actos de discriminación, corrupción o vulneración de derechos.
