Ciudad de México.- Este sábado, dos días después de la publicación del informe del Comité sobre Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU que califica la perpetración de desapariciones forzadas en México como “crímenes de lesa humanidad” y solicita al secretario general de la ONU poner el tema ante la Asamblea General del organismo internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que repudió las conclusiones de los expertos y se lanzó contra organizaciones de la sociedad civil de México, a las cuales acusó de ser “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.
En un largo pronunciamiento, redactado con el tono agresivo que ha caracterizado la CNDH a lo largo de la gestión de Rosario Piedra Ibarra –cuyo hermano, Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue desaparecido por el Estado en 1975–, la dependencia cuestionó la integridad y la independencia de los integrantes del comité, y atacó al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), aseverando que este centro tiene una “opinión sesgada” respecto a los esfuerzos del gobierno para atender las desapariciones en el país.
El pasado 2 de abril, momentos después de la publicación del informe, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo publicó un comunicado que descalificó el trabajo del comité, al que tachó de “sesgado”, “tendencioso” y poco riguroso; en este documento, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores repudiaron los argumentos del CED, según los cuales en México se siguen perpetrando desapariciones forzadas de manera “sistemática” y “generalizada”, tanto por agentes del Estado como por grupos criminales, que actúan bajo la “aquiescencia” del Estado.
La CNDH retomó en sustancia los argumentos del gobierno, pero le agregó más calificativos y juicios de valor para denostar el trabajo del comité y de las organizaciones de la sociedad civil que llevan dos décadas documentando la crisis de derechos humanos que derivó de la militarización de la seguridad pública, producto de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006.
La ombudsman, que limitó la “guerra contra el narcotráfico” al sexenio de Calderón –pues aseguró que solo tuvo lugar entre 2006 y 2012–, enfocó sus ataques contra organizaciones “que se han ostentado como ‘representantes’ de víctimas y ‘defensoras de derechos humanos’ para lucrar”, y sostuvo que existe un “uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas en nuestro país”, así como una intención de “politizar la determinación del comité”.
Siguiendo la línea discursiva de la llamada Cuarta Transformación, la CNDH puso sobre la mesa del tema de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa. “¿Acaso se les ha olvidado a los integrantes del comité que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de seguridad pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado?”, preguntó la dependencia.
Con imagen e información de Proceso
