Ciudad de México.- Con el propósito de establecer la obligatoriedad de la coordinación en materia de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno, así como profesionalizar a las fuerzas policiacas de todo el país, la Cámara de Diputados avaló anoche la expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La norma se avaló en lo particular con 423 votos en favor de Morena y aliados pero también del PAN, que adelantó su apoyo al proyecto con el propósito de que el gobierno no tenga pretextos para no dar resultados contra la delincuencia. En contra sólo se registraron 63 sufragios, de las bancadas de PRI y MC, partido que antes había avalado la ley en lo general.
La discusión de este punto, que se extendió más de 10 horas, estuvo marcada desde el inicio por la controversia, ya que los opositores denunciaron que el bloque mayoritario cometió un albazo legislativo al enviar ayer mismo en la madrugada una reserva que –aseguraron– cambia sustancialmente el dictamen aprobado en comisiones en marzo.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, denunció que las observaciones se enviaron en forma de una adenda de casi 500 páginas, sin cumplir el proceso legislativo adecuado y con la firma de sólo seis de los 18 integrantes de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Este desaseo, sostuvo, no permitía que los diputados –ni siquiera los del bloque mayoritario– leyeran el texto a profundidad.
En defensa del dictamen, Morena y aliados explicaron que la ley votada obliga a la Federación, estados y municipios a coordinarse en materia de seguridad, fija planes de acreditación y certificación para todas las corporaciones de este ramo, y permite que la Auditoría Superior de la Federación revise cómo se utilizan los fondos federales en dichas tareas.
En sentido contrario, el priísta Emilio Suárez Licona alertó que la propuesta desmantela el federalismo en materia de seguridad pública para sustituirlo por un centralismo competencial y presupuestal, pues como advirtió su correligionario Alejandro Domínguez, se faculta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a suspender las aportaciones federales a estados y municipios si considera que no han cumplido con los acuerdos en la materia.
César Damián Retes (PAN) dijo que, aunque su partido daba un voto de confianza para avalar el proyecto, con esta reforma no hay lugar para pretextos, improvisaciones o para culpar al pasado. Si después de esta enmienda no dan resultados, una de dos: son incompetentes o están coludidos con la delincuencia organizada.
Casi al final de la sesión –en la cual 74 oradores expusieron más de 400 reservas, ninguna de las cuales fue aceptada–, el debate se volvió ríspido, luego de que el priísta Carlos Gutiérrez Mancilla se trenzara de nuevo en una serie de acusaciones mutuas de comportamiento violento con la petista Karina Rojo Pimentel.
Con información de La Jornada
