Guamúchil, Sin.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, integró a la carpeta de investigación información poco confiable extraída de redes sociales, y notas periodísticas, además, reconoció durante la audiencia que no había daño patrimonial a la institución, sin embargo, solicitó las medidas cautelares, contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, Molina, informó el abogado Calos Ontiveros Salas.
Indicó que, las acusaciones por la supuesta compra que realizó la universidad de productos derivados del maíz fueron catalogados como bienes inmuebles por la fiscalía, en lugar de alimentos perecederos, y nunca fueron pagados debido a que las facturas fueron canceladas por el proveedor, además las facturas estaban por debajo del monto que la ley establece para realizar una licitación para la compra por lo que no hubo violación a la normatividad y las acusaciones de la FGE son infundadas.
Ontiveros Salas, dijo que, los recursos que recibe la UAS son de carácter federal y por lo tanto es la Auditoria Superior de la Federación el único ente encargado de realizar durante todas las revisiones a las finanzas de la institución, ya que el gobierno del estado solo es el intermediario para que la UAS reciba el presupuesto.
“Juez de Cotrol, Adán Alberto Salazar, carecer de toda legitimidad porque ni es legal, ni es objetiva, ni es imparcial, esa es la razón por la que nosotros afirmamos categóricamente que existe una persecución política y segundo, una cuestión judicial apartada completamente de la legalidad, en el estado de Sinaloa”.
Aseguró que, están enfrentando una persecución política ya que se demostró con la ley y con pruebas suficientes que las acusaciones de la FGE son infundios, y que no se debieron establecer medidas cautelares contra al rector de la UAS debido a que no hay afectación al patrimonio de la universidad.
Enfatizó que, todo el proceso jurídico contra la UAS se debe a que no están de acuerdo con la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que vulnera la autonomía y que no está armonizada con la ley federal por lo que la catalogó como un aborto legislativo del congreso del estado.
