Culiacán, Sin.- La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Sinaloa fijó un enérgico posicionamiento en contra de la resolución emitida por un juez federal de Zacatecas, que ordena la reinstalación del alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, en un plazo de 48 horas.
La postura fue leída en tribuna este miércoles por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la JUCOPO y coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
En el comunicado, firmado por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, se expone que el Congreso local no ha sido notificado formalmente de alguna resolución definitiva relacionada con el caso, y se enfatiza que la Declaratoria de Procedencia aprobada por el Pleno el pasado 2 de mayo es “irrecurrible” e “inimpugnable”, en apego a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina que este tipo de actos legislativos no son objeto de amparo por ser facultad soberana de los congresos estatales.
La JUCOPO señaló además que la resolución del juzgado primero de Zacatecas constituye solo una medida cautelar que no entra al fondo del asunto, ya que la audiencia constitucional está programada para el próximo 8 de septiembre.
Incluso, recordaron que ese mismo juzgado ya había negado la suspensión provisional a Vargas Landeros por no presentar pruebas suficientes.
También se mencionó que han existido intentos anteriores de revertir la decisión legislativa mediante otros juicios de amparo en distintos estados del país, todos ellos declarados improcedentes.
En ese sentido, el Congreso afirmó que volver a revisar el tema legalmente no es válido, conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo.
Asimismo, se recalcó que el alcalde desaforado actualmente se encuentra vinculado a proceso penal, lo cual, según los artículos 135 y 136 de la Constitución local, le impide desempeñar cualquier cargo de elección popular mientras no se resuelva su situación jurídica.
Finalmente, el Congreso calificó el proceso judicial promovido desde Zacatecas como un “acto de corrupción”, por intentar forzar la competencia con el argumento de una supuesta orden de aprehensión emitida en otro estado. La JUCOPO reiteró que la actuación del Congreso en este caso fue constitucional y apegada a derecho, y reafirmó su compromiso de mantener el respeto al marco legal.
El posicionamiento fue respaldado por todos los coordinadores parlamentarios: del PRI, PAN, PAS, PT, PVEM y MC, junto con Morena, en una muestra de unidad frente a lo que califican como una “intromisión indebida” del Poder Judicial Federal en las decisiones soberanas del Congreso sinaloense.
