Ciudad de México.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto que, de haberse aprobado, modificaría la lista de los delitos contra la administración de la Justicia, contemplados en el Código Penal Federal (CPF).
Durante la sesión de este miércoles se resolvió el Amparo en Revisión 625/2022, cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se solicitaba declarar la inconstitucionalidad del artículo 225, fracción séptima.
Esta norma establece que comete delitos contra la administración de la justicia, el funcionario que llegue a: “Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos”, y se reclamó la porción de “incurrir en omisiones”.
El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá calificó de ambigua esa porción, “al grado de permitir su aplicación arbitraria, ya que no queda claro qué tipos de conductas constituyen la omisión penalmente relevante a la que se refiere, generando incertidumbre jurídica”.
Con una votación de tres votos contra dos, en contra de aprobar el proyecto, se determinó desecharlo y el asunto se encargará a otro ministro, quien se encargará de elaborar un proyecto para negar el amparo y reconocer la constitucionalidad del artículo 225 del CPF.
Migrantes calcinados
Este asunto se derivó del hallazgo de 19 migrantes calcinados el 22 de enero de 2021, en el interior de una camioneta, en el Ejido de Santa Anita, del municipio de Camargo, en Tamaulipas.
Por estos hechos fueron detenidos dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), uno de ellos, Jesús Misael Rodríguez Chavarría fue quien promovió el amparo contra el artículo 225 del CPF.
Un mes antes, el 6 de diciembre de 2020, esa camioneta había sido detenida con un grupo de migrantes en su interior, cuando circulaba por Escobedo, Nuevo León.
El vehículo quedó a resguardo del organismo migratorio de la Secretaría de Gobernación (Segob), y días después fue reclamado por quienes dijeron ser los propietarios, por lo que se procedió a la devolución sin existir una orden judicial para ello.
Luego del hallazgo de los 19 migrantes calcinados, los dos agentes del INM, Rodríguez Chavarría entre ellos, fueron vinculados a proceso por delitos contra la administración de la justicia, por devolver un indicio de prueba en la investigación de un delito.
Con imagen e información de Excélsior
