Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación así como los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán encabezan la lista de entes públicos con más quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
Durante la presentación del informe 2021, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega, dio a conocer que se presentaron 2 mil 484 quejas, de las cuales mil 829 fueron solucionadas de manera inmediata, además se solicitaron 55 medidas precautorias a diversas autoridades municipales y estatales y la emisión de 20 recomendaciones.
Detalló que los principales motivos de las quejas contra las autoridades es la irregular integración de carpetas de investigación, maltrato, uso excesivo de la fuerza pública, exigir la presentación del certificado de vacunación en el caso específico del Ayuntamiento de Mazatlán, entre otras.
Contra el Ayuntamiento de Mazatlán se presentaron 8 quejas, 4 contra el Ayuntamiento de Culiacán, 6 a la Fiscalía General del Estado, 2 contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y una a la Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Guasave y Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respectivamente.
Álvarez Ortega explicó que el 61 por ciento de las quejas presentadas contra funcionarios corresponden al ámbito estatal y el 39 por ciento a dependencias municipales.
Respecto al Programa de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos los 631 asuntos relacionados fueron resueltos de manera inmediata beneficiándose un total de 830 personas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos brindó orientación jurídica, acompañamiento y trámite de expediente de queja de grupos de atención prioritaria a mujeres, niñas, niños, adolescentes, jornaleros agrícolas, adultos mayores, con adicciones, discapacidad, VIH/SIDA, comunidades indígenas, desplazados, desaparecidas y periodistas.
Durante el año pasado se lograron realizar más de mil acciones de capacitación con un total de más de 38 mil personas beneciadas entre diversos grupos de atención prioritaria.
