Los Mochis, Sin.- El juez octavo de distrito en el estado de Sinaloa ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Ley de Educación Superior en el estado, a raíz de los múltiples amparos promovidos por alumnos y miembros de la comunidad universitaria, quienes se sintieron afectados por la misma.
Milton Ayala Vega, secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que esta suspensión provisional protege a la institución de los efectos de la ley, por lo que retó al diputado Feliciano Castro aplicarla y asumir las consecuencias que marca el artículo 262 de la ley de amparo que establece de 3 a 6 años de prisión a quien incumpla con la suspensión de un juez de amparo.
“De tres a nueve años de cárcel, el no cumplir con la suspensión de un juez de amparo es un delito también; yo creo que los diputados protestaron cumplir y hacer cumplir la ley y tienen esa obligación de cumplir la ley, y la ley les dice que las suspensiones se deben acatar en los términos que fueron otorgadas por los jueces federales”.
“…hay diversos amparos presentados por alumnos y maestros; hay amparos que les concedieron a alumnos y consejeros universitarios, y hay amparos que les concedieron a maestros consejeros universitarios, nomás estoy mostrando uno de ellos”, explicó.
El secretario general de la UAS en la zona norte indicó que tras la suspensión provisional se llevará a cabo una audiencia incidental, donde se podría dar la suspensión definitiva de los efectos de la ley.
“El camino jurídico es largo, lo que se dio es una suspensión provisional, ésta se da cuando presentas la demanda de amparo, una vez que se le notifica a la autoridad responsable, en este caso al Congreso del estado y al gobernador y otras autoridades que pudieron haber sido nombradas ahí, se va a llevar a cabo una audiencia incidental y ahí pueden dar la suspensión definitiva, que todavía no se ha dado, en esta suspensión definitiva, pueden ratificar lo que ya dijeron o pueden modificarlo”, destacó.
Ayala Vega explicó que en caso de incurrir en este delito federal, será el mismo juez octavo de distrito en Sinaloa quien dará vista a la Fiscalía General de la República para que inicie los procesos.
“Hay una cuestión excepcional en materia de amparo que el juez se puede convertir en fiscal y acusar directamente ante un juez sin necesidad del Ministerio Público; está en la ley de amparo y tiene facultad el juez porque está cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución que es la máxima legislación nacional, el juez daría vista a la FGR para que iniciara los procesos”, puntualizó.
