Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en México se cuentan elementos para llevar a Ovidio “N” ante las autoridades por delitos contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego, inicialmente.
Existen investigaciones relativas a delincuencia organizada en contra del detenido y otras personas más. Lo anterior es independiente de lo que resulte de los hechos suscitados en ocasión de su detención, dijo la funcionaria federal.
Ante preguntas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que se le detuvo en flagrancia de varios delitos, pero se puso a disposición de la FGR quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición, y se integran las carpetas por delitos diversos.
La FGR ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición.
No se puede compartir mayor información, se tiene que guardar la secresía del proceso.
La extradición es un proceso, se hace la solicitud de parte del gobierno de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos, y ya los jueces en México deciden, no es nada más la solicitud, sino el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite.
Y es un proceso, “no hay, como lo mencionó Marcelo Ebrard, si fue así, fast track, no es ahí te lo enviamos. Eso era en la época de Zedillo, en otros tiempos, hay un estado de Derecho que se tiene que respetar.
Descartó adelantar nada, porque el juicio de Genaro García Luna está por iniciar, el 9 de enero próximo.
Marcelo Ebrard adelantó que sí existe una solicitud de extradición, de acuerdo a la Ley de Extradición y Tratados Vigentes, un estado solicita que se detenga una persona porque tiene una causa iniciada y hay elementos sustantivos en su contra en ese país que está solicitando el proceso.
Se analizan varios aspectos, dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. La Ley de Extradición marca plazos para que se presenten elementos de prueba en contra de esa persona, esto ocurrirá entre cuatro y seis semanas a partir de ahora.
La determinación la tendrá la SRE por cuanto sea apegado a disposiciones legales, y por supuesto el Juez de la causa, no es una decisión política.
