Ciudad de México.- Las recientes discusiones públicas sobre los temas propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum han evidenciado la necesidad de profundizar los cambios democráticos en el país y de radicalizar la lucha contra la corrupción y la impunidad, que durante décadas han debilitado a las instituciones del Estado mexicano.
En este contexto, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que México atraviesa un momento decisivo en el que se requiere impulsar una verdadera reforma del Estado y una radicalización del combate frontal a la corrupción y la impunidad.
El legislador destacó que el respaldo ciudadano a las transformaciones políticas demuestra que existe una demanda social clara para avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia, la mejora de la representación política y la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.
En ese sentido, afirmó que las previsibles dificultades para obtener los votos parlamentarios necesarios para aprobar la reforma electoral, evidencian la necesidad de un mayor acercamiento, diálogos y acuerdos con los sectores de la sociedad: “La iniciativa de la Presidenta Sheinbaum tiene un gran respaldo popular. La ciudadanía está cansada de los privilegios y la corrupción de la clase política, por lo que no es comprensible que algunas personas legisladoras no apoyen la reforma electoral”, comentó.
De tal forma, en caso de requerir un Plan B, se deberá mantener en el centro de la discusión una profunda reforma democrática del Estado y una radicalización de la lucha contra la corrupción e impunidad. Mencionó incluso la posibilidad de llamar a una gran convención nacional para dialogar sobre estos temas: “Necesitamos una nueva coalición política que tenga como eje la justicia social para toda la ciudadanía, eliminando los gradualismos que tanto han retrasado la democratización del país”.
Asimismo, indicó que desde la Cámara de Diputados se ha impulsado una agenda de reformas orientadas a transformar el funcionamiento del Estado y fortalecer la vida democrática del país.
“El paquete prioritario durante este periodo es el de la anticorrupción y la impunidad; eso es lo más urgente para el país. Estos males debilitan la democracia y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que es necesario impulsar un nuevo Plan Nacional Anticorrupción y reconstruir el sistema de auditorías y fiscalización, para asegurar que el presupuesto público se utilice de manera correcta, eficiente y transparente”, señaló.
El legislador también defendió la necesidad de eliminar losprivilegios que favorecen la impunidad dentro del sistema político, particularmente mediante la desaparición del fuero constitucional para los servidores públicos, pues “se ha convertido en una fuente de impunidad; es un privilegio que ya resulta inaceptable, por lo que todas las fuerzas políticas deberían apoyar esta propuesta”.
En relación con la reforma electoral, el diputado señaló que el objetivo central debe ser fortalecer la representación democrática, reducir los costos excesivos de la política y garantizar que el sistema electoral responda a las demandas de la ciudadanía.
Asimismo, subrayó que las diferencias entre partidos políticos, e incluso entre aliados legislativos, forman parte natural del debate democrático; sin embargo, insistió en que el objetivo debe ser construir consensos que permitan alcanzar las mayorías necesarias para avanzar en reformas constitucionales de gran alcance.
El diputado federal advirtió que el distanciamiento de la clase política con la ciudadanía durante la época neoliberal profundizó la llamada “crisis de la representación”, por lo que se debilitaron las relaciones institucionales, las estructuras públicas y, en muchos casos, se fomentó la impunidad. Ante ello, es indispensable reconstruir las instituciones mediante cambios estructurales que garanticen transparencia, rendición de cuentas y una participación ciudadana más amplia.
El legislador indicó que la agenda legislativa prioritaria debe incluir los siguientes temas:
1. Una reforma al Sistema de fiscalización y auditoría del gasto público, que permita mayor transparencia y controles efectivos sobre los recursos públicos.
2. Una reforma al Congreso de la Unión y a los 32 congresos locales, que incluya el fortalecimiento y la democratización de los poderes locales y del federalismo, con el objetivo de modernizar su funcionamiento y mejorar la representación ciudadana.
3. La modernización del Sistema Nacional Anticorrupción, con autonomía real y capacidades efectivas para investigar y sancionar delitos de corrupción, incluyendo la reestructura de la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la creación de un sistema de denuncia ciudadana, que garantice protección a denunciantes.
4. Una reforma al proceso electoral del Poder Judicial, que garantice las mejores candidaturas de personas juzgadoras, con mayor capacidad y elecciones justas y transparentes.
5. La erradicación del fuero constitucional, para que ningún servidor público esté por encima de la ley.
7. La construcción de una gran estrategia nacional para combatir el huachicol fiscal, la facturación falsa y la extorsión, fenómenos que afectan gravemente la economía nacional y las finanzas públicas.
8. El fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas y de los mecanismos de revocación de mandato, como herramientas para garantizar gobiernos responsables ante la ciudadanía.
9. La nueva reforma electoral y la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía, particularmente el derecho a la información y a la libertad de expresión como pilares de la democracia.
10. Adecuar el proceso de ratificación del mandato de la Presidencia de la República, para incentivar mayor participación ciudadana y legitimidad.
“La lucha contra la corrupción no puede quedarse en el discurso; necesitamos reformas profundas que reconstruyan nuestras instituciones, fortalezcan la fiscalización y permitan que los ciudadanos participen activamente en la vigilancia del poder público”, concluyó.
