Los Mochis, Sin.- Ante el abandono en el que se encuentra la agricultura comercial en México y aún y cuando se trata de la actividad que se encarga de la producción de alimentos, ésta podría desaparecer afirmó César Enrique Galaviz Lugo durante su segundo informe de labores al frente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur.
El dirigente agrícola señaló que resulta una incongruencia la política agropecuaria que se implementa desde el gobierno federal y lo cual se demuestra en el insuficiente presupuesto para este 2024.
“A pesar de que la agricultura en México es considerada como una de las actividades con mayor relevancia desde el punto de vista económico, social y ambiental; también es una de las actividades que en los últimos años de manera incongruente se ha dejado de incentivar, afectando con ello la producción nacional, pareciera que todo está en nuestra contra, se ha formado la tormenta perfecta, donde todo se ha sumado en perjuicio de la actividad agrícola, lo cual nos puede llevar a desaparecer como sector productivo, algo que sería catastrófico para la economía de todo el estado de Sinaloa.
Un claro ejemplo que pone en evidencia esta situación, es el insensible e incongruente Presupuesto de la Federación de este año; donde el Gobierno Federal demuestra que no comprende que la situación del campo se hace cada vez más difícil, confirmando que las acciones planteadas por su parte para incrementar la producción de alimentos han sido insuficientes”, expresó.
El líder de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur precisó que es indispensable que el campo sea una prioridad para los gobiernos para lograr la producción de los alimentos y que no se abandonen los programas más importantes para su desarrollo.
“Estamos abandonados en temas de comercialización, sanidad e inocuidad, infraestructura hidroagrícola y financiamiento, hoy más que nunca, para seguir produciendo alimentos necesitamos primeramente un campo rentable, y para ello ocupamos que el gobierno federal sea un aliado estratégico y se involucre en todos los temas relacionados con el sector agrícola, con políticas públicas más incluyentes, implementando programas de ordenamiento de mercados y otorgando financiamiento a todos los productores sin diferenciación alguna en relación a su capacidad productiva.
El año pasado concluimos con una temporada muy difícil, donde sembramos maíz con altos costos de producción y vendimos nuestras cosechas a precios muy bajos, influenciados principalmente por los mercados internacionales, el tipo de cambio y la insensible falta de apoyo del gobierno federal hacia la agricultura comercial, la cual es la que predomina en Sinaloa”, expuso.
César Enrique Galaviz mencionó que el 2023 ha resultado uno de los peores en materia de comercialización principalmente de maíz en donde se registró un precio bajo y aun y cuando los gobiernos federal y estatal implementaron esquemas no fueron suficientes y en el caso del gobierno estatal aún mantiene adeudos a los productores que entregaron su cosecha desde hace 8 meses.
“En el caso del esquema de compra de maíz por parte del Gobierno del Estado, este ofreció a nuestro organismo la adquisición de un volumen de 41 mil toneladas, de las cuales se han pagado solamente 29 mil 500 toneladas. A la fecha quedan pendientes de pago 11,600 toneladas de 68 productores, las cuales hasta el momento el Gobierno Estatal ha manifestado que no cuenta con recursos suficientes para cumplir con ese compromiso, esta lamentable situación va a provocar que todos los productores afectados no puedan cubrir sus costos de producción ni sus compromisos crediticios, debido al bajo precio al que tendrán que vender actualmente en el mercado.
A esto, hay que sumarle los costos de almacenamiento, conservación y financiamiento que se generaron durante los 8 meses en que el Gobierno del Estado se comprometió a pagar y no cumplió”, resaltó
Aun así dijo César Galaviz la asociación sigue manteniéndose como la mejor alternativa de los productores en la recepción y comercialización de sus cosechas; asimismo, se cumple con el cien por ciento de los contratos de compra-venta, conservando la preferencia de los comercializadores y la industria.
