Ciudad de México.- La cadena del huachicol en México tiene dos actores que no han sido visibilizados y que son parte fundamental en el contrabando de combustible: las comercializadoras y los distribuidores.
Según fuentes del gabinete de seguridad federal, hay investigaciones que conducen a estos dos sectores porque son los que finalmente llevan el combustible al consumidor.
Fue en 2013, tras la reforma energética que permitió la entrada del sector privado a los hidrocarburos, cuando miles de personas morales se interesaron en el negocio de comercialización de combustible.
De acuerdo con cifras oficiales, del 8 de mayo de 2015 y hasta el 20 de junio de 2024 la recién extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) admitió a trámite un total de 983 solicitudes de permiso de comercialización de hidrocarburos.
Pese a ello, sólo 40% lograron acceder al mercado. Del total de solicitudes, la CRE otorgó 586 permisos que siguen vigentes, en tanto que 131 han caducado, seis se dieron por terminados anticipadamente, uno está vencido y 259 todavía siguen en proceso.
Para los expertos, resulta imperativo que la Fiscalía General de la República ponga el ojo en la trazabilidad de cómo es introducido el huachicol a México y que, además de las empresas importadoras, involucra a comercializadoras, distribuidoras y transportistas.
El pasado 7 de julio, el gobierno federal logró el decomiso de huachicol más grande en la historia del país: 15 millones de litros que eran trasladados en 129 carrotanques propiedad de la empresa importadora Ingemar, S.A. de C.V.
Tras dicho golpe, parte de las investigaciones se han centrado en las compañías comercializadoras de combustible, toda vez que juegan un papel crucial en la cadena de suministro energético.
“La responsabilidad del huachicoleo que ha venido creciendo en el país recae sobre la Comisión Nacional de Energía, que es la encargada de dar los permisos de comercialización y distribución. La Comisión Nacional de Energía hoy debe estar revisando los contratos que se han dado y los permisos que se han dado tanto de distribuidor, que en el último año sólo han dado ocho (de 2018 al 2024), y los que han dado a los comercializadores, que hay bastantes. Tienen que revisar realmente si esos permisos se están utilizando en forma adecuada o no”, declaró a EL UNIVERSAL el analista y asesor de la industria energética Ramsés Pech.
Las comercializadoras de combustible están autorizadas para la compraventa, distribución y suministro de combustibles líquidos, derivados de hidrocarburos, a consumidores finales o distribuidores. Su función principal es asegurar que el combustible llegue desde las refinerías o plantas de procesamiento hasta los puntos de venta y los consumidores directos.
Recientemente, en entrevista con El Gran Diario de México, el socio de Ingemar Ernesto Ruffo Appel pidió a las autoridades investigar a los comercializadores, pues aseguró que son ellos quienes operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías.
“Los comercializadores son los que hacen todo el trajín, el movimiento del combustible. El importador sólo hace el papeleo del agente aduanal en la aduana, nosotros somos el importador, es todo; de hecho, ni vemos el combustible, sólo vemos papeles”, insistió.
Aclaró que la comercializadora que vende el combustible importado por Ingemar es Crismón Hidrocarburos y Derivados, y sostuvo que esa compañía les fue designada directamente por el gobierno federal y la colaboración directa no fue decisión de Ingemar.
“Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros solamente tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora; entonces, necesitas una comercializadora para poder sacar el permiso. Fue la Comisión Reguladora de Energía la que aprobó y designó a este comercializador, nosotros no lo gestionamos, fue la propia Comisión Reguladora de Energía la que aprobó a ese comercializador”, explicó.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Crismón Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., se estableció de manera oficial el 2 de agosto de 2018, con sede en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Sus principales socios son los empresarios Luis Miguel Fuentes García y Roy Ángel Pérez García.
El objeto social de Crismon es el de “compra, venta, adquisición a cualquier título, importación, exportación, refinación, almacenamiento, envase, suministro y distribución de hidrocarburos y sus derivados; el transporte terrestre, marítimo y fluvial por poliductos, oleoductos, gasoductos, propanoductos de hidrocarburos, actuando en calidad de transportador; la compra y venta de establecimientos de comercio, ubicados en el territorio nacional o en otros países dedicados a la comercialización de productos derivados del petróleo o de gas natural vehicular [GNV]”, y la distribución de gas natural vehicular, actuando en calidad de comercializador u operador a través de estaciones de servicio dedicadas al GNV o mixtas, entre otras actividades.
Crismón Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., obtuvo el permiso H/23369/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos el 27 de marzo de 2020.
Le fue otorgado junto a 12 empresas más, durante la pandemia por Covid-19, en una sesión que sostuvieron los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y que se llevó a cabo de manera virtual como medida preventiva ante la propagación del coronavirus.
El permiso otorgado por la CRE establece que el permisionario “está obligado a comprobar la procedencia lícita de los productos autorizados mediante la presentación de información o documentación, cuando la comisión así lo requiera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Al respecto, el consultor energético Luis Miguel Labardini puntualizó que las autoridades deben revisar posibles actos de corrupción entre comercializadoras y autoridades federales.
“Sin duda, las comercializadoras tienen responsabilidad en la comisión de este delito, pero aquí hay dos problemas que tienen que ver con el Estado mexicano: uno de ellos es que las aduanas o no están haciendo su trabajo o funcionarios de la aduana están involucrados en la corrupción. En ese sentido, el Estado está incumpliendo su obligación de inspeccionar la carga y asegurarse de lo que exactamente está pasando por por la aduana. Y la otra, también hay una responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía, que es la que otorgó el permiso, de supervisar que el permiso se esté ejerciendo de manera correcta. Esa responsabilidad recae ahora en la Comisión Nacional de Energía”, concluyó.
Con información de El Universal
