Ciudad de México.- Hay 38 denuncias contra quienes resulten responsables por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, y éstas están en etapa de investigación con miras a su judicialización por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Y las carpetas se integran bajo la óptica de Delincuencia Organizada, dijo el secretario de la Función Pública en el país, Roberto Salcedo Aquino. La SFP practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex desde el 2019 hasta el 2021 por montos observados por 6 mil millones de pesos.
Durante el 2022 se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos e inventarios. Por su parte la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la cuenta pública 2021 hizo lo propio, incluyen 22 pliegos de observaciones, por 3 mil 465 millones de pesos.
Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9 mil millones de pesos. Es importante aclarar que cuando se habla de fiscalización de montos observados debe entenderse no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones.
El funcionario federal dijo que la secretaría de la Función Pública actúa como coadyuvante en auxilio del Ministerio Público de la Federación, del tal manera que se permita llevar los casos ante un Juez.
La SFP tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.
Dijo el funcionario que con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en el todo el país, sin menoscabo de acciones judiciales y administrativas que de ello se deriven.
Entre las acciones en proceso se busca robustecer los sistemas de control interno y de supervisión de las tres instituciones; armonizar la actuación de las tres entidades y alinear competencias y atribuciones; establecer formalmente las representaciones de Segalmex en los estados donde opera, y modernizar el equipamiento y los sistemas informativos para los centros de acopio, y mejorar interconectividad entre sistemas de las tres entidades.
Con el propósito de combatir la impunidad el grupo de trabajo está abocado en recabar las evidencias para fortalecer las investigaciones en curso, para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
La SFP acompaña a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades.
