Ciudad de México.– Con una votación dividida de cinco a cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este lunes una reforma del Código Penal de Quintana Roo que permite aplicar sanciones más severas a cualquier delito en el que se utilice Inteligencia Artificial (IA).
La reforma, aprobada en abril de 2024, fue impugnada por el Poder Ejecutivo Federal, que solicitó su anulación al considerar que violaba el principio de taxatividad en el ámbito penal, es decir, la necesidad de que las normas sean claras y específicas.
La disposición en cuestión, incorporada en el artículo 20 Bis del Código Penal de Quintana Roo, establece que:
Quien haga uso de la Inteligencia Artificial como herramienta o medio para la realización de hechos constitutivos de delitos contemplados así en este Código Penal, se le aumentarán las penas previstas en el delito que fuese realizado hasta en una mitad más”.
Loretta Ortíz presentó el proyecto contra imágenes con IA
La ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto que apoyaba la petición del Ejecutivo Federal, argumentando que la reforma debía invalidarse. Sin embargo, la mayoría del Pleno se inclinó por mantener la modificación, al considerar que proporciona suficiente claridad para su aplicación.
Endurecen penas contra modificaciones con Inteligencia Artificial
No obstante, el fallo de este lunes marca un precedente de mayor alcance, ya que permitirá agravar las penas en cualquier delito en el que se emplee IA, dejando en manos de los tribunales la tarea de definir su aplicación en cada caso concreto.
El Código Penal de Quintana Roo define la Inteligencia Artificial de la siguiente manera:
Se entenderá por Inteligencia Artificial a la capacidad de los sistemas tecnológicos, informáticos, softwares o aplicaciones de una máquina para simular las capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de planear y procesar datos para la realización de tareas específicas y autónomas”.
Durante la sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat defendió la redacción de la norma al afirmar:
Me parece que es una definición clara que permite que el juez penal verifique si se actualiza la agravante, si esperamos a que exista una definición unívoca mundialmente aceptada, que por cierto ésta me parece que no riñe con lo que internacionalmente hay, pues entonces nunca vamos a proteger a las personas del mal uso de la Inteligencia Artificial”.
Otros integrantes de la mayoría resaltaron que la reforma no crea un delito nuevo, sino que introduce una agravante de carácter general para los delitos ya existentes.
Por su parte, en la minoría, el ministro Alberto Pérez Dayán manifestó que el problema radica en el uso mismo del término “Inteligencia Artificial”, ya que, en su opinión, su exclusión no habría impedido aplicar la agravante, evitando así posibles confusiones.
Aunque la mayoría de los ministros votó a favor de la validez de la reforma, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para anularla.
En consecuencia, la presidenta de la Corte, Norma Piña, propuso que el único resolutivo de la sentencia fuera declarar desestimada la acción del Ejecutivo Federal, lo cual fue aprobado por el Pleno.
Con información de El Imparcial
