Ciudad de México.- Cuando los residentes del estado de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo mes, Leopoldo Chávez estará en la papeleta para juez federal pese a los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos.
Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango forma parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola.
Nunca me he vendido antes ustedes como el candidato perfecto», dijo Chávez en un video que compartió en Facebook, aseveró que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. Declinó hacer comentarios a Reuters.
En el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción.
Dijo a Reuters que las acusaciones eran «calumnias y difamaciones». «Que me juzgue el pueblo», señaló.
En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultra violento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Su conocimiento de la ley de extradición, sobre la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo, dijo a Reuters.
¿Ser una persona asesor en temas de derecho internacional o extradición te da mala fama pública? Considero que no», dijo. «Eso es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para poder ver ese tipo de situaciones», añadió.
En vísperas de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están planteando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el estado de derecho en el país.
La reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por su sucesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que acabaría con la corrupción en el viciado sistema judicial mexicano y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez.
Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), formado por organizaciones sin ánimo de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y ha criticado problemas en el diseño de complicadas papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien trabajó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana.
Críticos afirman que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país del hemisferio occidental, corre el riesgo de eliminar los contrapesos al partido, Morena, y de permitir a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial.
- La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros de la SCJ, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y recorta a la mitad, cinco años, la práctica jurídica necesaria.
También elimina algunos beneficios para los trabajadores judiciales y crea un tribunal disciplinario de cinco personas que, según críticos, es insuficiente para supervisar un poder judicial de 50,000 miembros.
El presidente de Defensorxs, Miguel Meza, dijo que los candidatos que su organización había señalado revelaban graves faltas en el sistema de investigación de antecedentes del Gobierno, que estaba destinado a verificar los criterios de elegibilidad, incluyendo: Ciudadanía mexicana por nacimiento, licenciatura en Derecho, «buena reputación» y un historial limpio de delitos graves.
Meza dijo que su organización ha estado revisando la lista de candidatos y ha identificado otros nombres problemáticos que aún no han publicado.
Explicó que, al parecer, los aspirantes a jueces no habían sido investigados para comprobar si habían sido condenados en el extranjero o a quién habían representado legalmente. Atribuyó gran parte del problema a la premura de la elección.
Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de intentar aprobar esto de manera ‘fast track'», consideró.
La oficina de Sheinbaum y el poder judicial federal de México no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la reforma o la investigación de antecedentes.
Tanto la coalición gobernante como la autoridad electoral han tratado de distanciarse de las cuestiones sobre la elegibilidad, diciendo que es demasiado tarde para hacer algo antes de las elecciones. Los candidatos que resulten electos tendrán que ser destituidos después de la votación, según las autoridades electorales.
Una asociación mexicana de magistrados y jueces, JUFED, dijo que la lista de candidatos controvertidos confirma su opinión de que la reforma es una amenaza para la independencia judicial en México.
Es peligroso esto que está sucediendo con el tema de la elección», dijo la directora nacional de la JUFED, Juana Fuentes. «El grave riesgo de que se involucraran intereses o grupos delincuenciales o gente representativa de ellos», subrayó.
La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en funciones anunciaron que no participarían en las elecciones y que, en su lugar, presentarían su renuncia.
Los candidatos no pueden utilizar material de campaña que los vincule a un partido político, participar en actos organizados por partidos políticos ni aceptar donaciones de ningún tipo.
DEBER PROFESIONAL
Quizá la candidata que más titulares ha acaparado es Silvia Delgado, quien representó en 2016 al tristemente célebre «El Chapo», antiguo jefe del cártel de Sinaloa. Ella lo visitaba semanalmente en prisión para compartir con él actualizaciones antes de que fuera extraditado a Estados Unidos y finalmente condenado a cadena perpetua.
Ahora, espera convertirse en jueza penal en Chihuahua.
Una tarde reciente en la norteña ciudad fronteriza Ciudad Juárez, Delgado desafió el calor sofocante para repartir folletos y charlar con los votantes a las puertas de una escuela local.
Madre soltera que crió a sus cuatro hijos y estudió derecho, Delgado es una mujer carismática en un traje negro de falda y tacones altos.
No soy corrupta», aseguró. «No te pueden quemar por haber llevado una representación», subrayó.
El mejor legado que puedo dar yo, como ser humano y para mis hijos y para mis nietos, es haber sido una persona íntegra, que todo el tiempo defendió a las personas», añadió.
Dijo que considera que su trabajo de representación de «El Chapo», que incluyó la presentación de una petición para que se le proporcionara una cobija en prisión, está en línea con sus obligaciones profesionales.
Delgado es sincera sobre la razón por la que aceptó el trabajo. Fue, dice, un gran paso adelante para ella como abogada, un paso que volvería a dar. «Me interesó porque era una oportunidad a nivel curricular (…) atender un asunto de un personaje tan famoso», explicó.
Dijo que no había tenido ningún contacto con los abogados de «El Chapo» desde el caso, aunque sí aceptó ayudar a su esposa, de doble nacionalidad estadounidense y mexicana, a llevar a sus hijas a Estados Unidos.
Guardó sus palabras más duras para el activista Meza, calificándolo de «irresponsable» y de dirigir un «grupo de Robin Hood» empeñado en atacarla «directamente».
Meza dijo que Defensorxs no estaba interesado en «atacar» a ningún candidato, sino en exponer los riesgos asociados a ellos.
Nuestro objetivo es informar a la sociedad sobre ellos para que puedan tomarlos en cuenta al ejercer su derecho al voto», dijo. «Nos parece evidente que este riesgo existe en el caso de Silvia Delgado», añadió. No identificó otras preocupaciones aparte de su trabajo legal para «El Chapo».
GUERRA MEDIÁTICA
El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo a Reuters que el enfoque sobre la elegibilidad de ciertos candidatos era una guerra mediática «racista y clasista» destinada a desacreditar las elecciones.
No es importante. No es relevante», dijo Noroña, añadiendo que las personas declaradas inelegibles podrían ser retiradas después de la votación.
La autoridad electoral, el INE, ha dejado claro que los nombres no pueden ser retirados antes de la votación.
Claudia Zavala, consejera electoral del INE, dijo que el organismo debería haber sido incluido antes en el proceso de depuración, que se llevó a cabo por miembros de un comité seleccionados por el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Desagregar esa función a otras autoridades parece que no fue lo óptimo», dijo.
Ahora, lo único que puede hacer y6 con el fin de demostrar que una persona no es elegible para ocupar el cargo, dijo Zavala. Si un ganador no cumple con los requisitos, el cargo pasaría al segundo lugar.
Sin embargo, cualquier investigación sobre la elegibilidad de un candidato debe estar terminada antes del 15 de junio, dijo Zavala, cuando se completan los resultados de las elecciones y se confirman los cargos.
«Las pruebas deben ser muy claras», enfatizó.
Con información de Excélsior
