Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que “nosotros sepamos no hay responsabilidad de Cuitláhuac… ni siquiera lo plantea la auditoría”, en caso de que hubiera algunas irregularidades tiene que seguir su proceso.
La presidenta respondió así a preguntas de reporteros sobre presuntas irregularidades encontradas en el gasto público en el 2024, último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde el mayor quebranto se habría localizado en el gobierno de Veracruz, que encabezó hasta ese año Cuitláhuac García.
¡ASÍ LO INFORMÓ LA ASF!
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que 5.161 millones de pesos del gasto público se ejercieron de manera irregular en 2024, el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La cifra, todavía preliminar y sujeta a las aclaraciones que presenten los sujetos auditados, corresponde a la segunda tanda de informes que elabora el órgano auditor en cada año fiscal.
El mayor quebranto se ha localizado en el Gobierno de Veracruz, que encabezó hasta ese año Cuitláhuac García, militante de Morena, el partido oficialista, y actualmente funcionario en la Administración de Claudia Sheinbaum.
La ASF ha detectado anomalías por 1.078 millones de pesos de recursos destinados al sector salud. Veracruz es el Estado donde la Auditoría señala mayor probabilidad de desvíos de fondos federales.
El auditor superior, David Colmenares, que ha presentado el informe en la Cámara de Diputados, ha puntualizado que, del monto total pendiente de aclarar, solo el 11% corresponde a entes del Gobierno federal, mientras que el 89% se concentra en la gestión de los Estados. De los más de 550 millones de pesos que están sin justificar dentro del primer grupo, 272 millones corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, prácticamente la mitad.
Las presuntas irregularidades responden a “erogaciones y adquisiciones de bienes y prestación de servicios”, según refleja el informe, que señala la ausencia de documentación que acredite el servicio de seguridad y vigilancia (21 millones), el de mantenimiento y limpieza de los edificios (49 millones) y el de servicios de impresión, digitalización y soporte especializado del software de firma electrónica (201 millones).
