Estados Unidos.– Expertos de la ONU pidieron al Estado y a las empresas involucradas en el Tren Maya tomar medidas frente a los riesgos que representa el proyecto para los derechos humanos y el medio ambiente.
“El gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, señalaron.
Por medio de una carta, expresaron preocupación de que el tren represente un peligro para los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades.
Los relatores y miembros de las Naciones Unidas también recalcaron que los defensores de derechos humanos que han planteado sus preocupaciones sobre los impactos negativos se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso muy limitado a un tribunal independiente e imparcial.
“Este cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”, recalcaron.
El pasado 18 de julio, el gobierno federal reinició los trabajos del tramo 5 del Tren Maya, luego de declarar que la obra tiene carácter de seguridad nacional.
“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible”, recalcó Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
“La creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación”, añadió.
Los expertos del organismo internacional también pidieron al gobierno que garantice la participación de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión futura. Esto con el fin de identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo, apuntaron.
Por último, señalaron una “falta de debida diligencia” por las compañías implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20,000 millones de dólares.
“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados”, reiteraron.
Ante esto, les instaron a tomar medidas y ejercer su influencia para garantizar que los procesos cumplan con los estándares internacionales.
La carta está firmada por Fernanda Hopenhaym, Pichamon Yeophantong, Elżbieta Karska, Robert McCorquodale y Damilola Olawuyi, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, se sumaron los relatores Francisco Cali Tzay, Saad Alfarargi, Alexandra Xanthaki, Clément Nyaletsossi Voule, Margaret Satterthwaite, Mary Lawlor, Irene Khan, Ashwini K.P, David R. Boyd.
Desde el inicio del proyecto, distintas organizaciones han señalado que la construcción del proyecto afecta el ecosistema y la biodiversidad por deforestación, pérdida de hábitat, fragmentación del ecosistema y el desplazamiento de especies, además de que produce un impacto negativo en el acuífero y cuevas inundadas y semi inundadas.
Además, han denunciado que inició construcciones sin una Manifestación de Impacto Ambiental.
Por su parte, el gobierno ha sostenido que no provocará afectaciones negativas al medio ambiente, sino que abona al desarrollo sustentable y beneficia a las comunidades rurales de la región.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a través de un video que el Tren Maya será inaugurado en 2023, “con sus 1.554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos, con toda la infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto” internacional de Tulum.
