Culiacán, Sin.- La audiencia del proceso del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y de los exintegrantes del Comité de Adquisiciones continuará hasta el 03 de octubre.
Durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal Acusatoria Oral Zona Centro por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó a la defensa legal de los exfuncionarios las copias de la carpeta de investigación, la cual está integrada por 3 mil 331 hojas, entre facturas y diversas pruebas.
Con el propósito de que los abogados puedan revisar los documentos y establecer la defensa, el juez Carlos Alberto Herrera otorgó un plazo de 20 días hábiles para retomar la audiencia.
Los exfuncionarios señalados en este caso son el desaforado exalcalde Vargas Landeros, el exsecretario del Ayuntamiento Genaro García Castro y la exsíndica pocuradora Cecilia Hernández Flores.
Además las exregidoras Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela; así como los exmiembros del Comité de Adquisiciones: Gerardo Iván Hervás Quindós, Héctor Adonaí Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano y Fausto Rubén Ibarra Celis.
Se les acusa de presuntamente de contratar de manera irregular los servicios de consultoría a una empresa con sede en León, Guanajuato, para el cobro del Impuesto Sobre la Renta en el Ayuntamiento de Ahome en el año 2021.
Esta situación evidenciada por la actual administración a cargo del alcalde sustituto de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, en base a la Auditoría Superior del Estado en el informe de la cuenta pública del Municipio de Ahome del 2021, establece un daño al municipio de 33.7 millones de pesos, al contratarse de manera directa el servicio a una empresa, sin licitación pública.
Además de este proceso, el exalcalde y exfuncionaria municipales enfrentan otros dos cargos por la presunta contratación irregular del arrendamiento de 126 patrullas a 171 millones de pesos, sin licitación pública, así como por abuso de autoridad, al negarse a brindar información a la Fiscalía General del Estado sobre este contrato.
