Los Mochis, Sin.- De oficio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación sobre el caso de la presunta violación a las garantías de trabajadores del campo en Juan José Ríos, donde hasta el momento han fallecido siete menores por problemas de salud, derivado al parecer de las condiciones de vivienda.
María Araceli Sepúlveda Sauceda, visitadora y jefa de la oficina regional zona norte de la CEDH, indicó que ante un nuevo caso de muerte de una menor solicitó un nuevo informe a las dependencias encargadas de vigilar que se cumplan con las garantías sobre derechos humanos de los trabajadores, con la intención de emitir recomendaciones a las dependencias que tengan fallas en este proceso.
“Vemos que en las cuarterías sigue habiendo peligro para los niños y niñas, por eso pedimos un nuevo informe al Hospital General para verificar cuál es la situación, si ha sido repetitiva la misma situación o si es una nueva situación, qué es lo que está pasando, por qué han muerto los niños si ya se les estaba atendiendo y por otro lado, hemos solicitado a las dependencias como DIF que está haciendo para su debida protección, nosotros lo que hacemos es exigir a la autoridad que le corresponde el cuidado y la protección de niños y niñas, nosotros somos quienes exigimos que se cumpla con sus responsabilidades”, destacó.
La visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la zona norte, explicó que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la dependencia encargada de verificar las condiciones de trabajo de los jornaleros y que se cumpla con sus garantías de derechos, sin embargo intervienen otras dependencias como DIF, Bienestar y la Sepyc quienes tendrán que informar del trabajo que realizan en este caso.
“Nosotros hemos solicitado informes a las distintas dependencias, vamos a ver desde el origen cómo es que llegan las personas, llegan contratadas o subcontratadas y ahí en un primer momento es la autoridad laboral la que tiene que cumplir con su responsabilidad; y posteriormente, el sector social, el sector de protección, cada uno tiene una responsabilidad que cumplir”.
“…nosotros lo que hacemos es pedir cuentas a cada servidor público a cada instancia gubernamental que tiene la obligación de atender de cuidar y brindar lo necesario y no lo está haciendo habremos de llegar a una conclusión, es una investigación complicada que se está haciendo a nivel estado“, resaltó.
Sepúlveda Sauceda destacó que la investigación arrojará como resultado qué dependencia ha fallado en el seguimiento del caso y emitir las recomendaciones, así como fincar responsabilidades a servidores públicos.
“La Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación que señala las violaciones a derechos que se están cometiendo en contra de las familias de los grupos vulnerables de los niños y niñas y derivado de la investigación será el análisis de qué le toca a cada quien y qué es lo que no se ha hecho o no se está haciendo bien”-
“…en este caso no se han emitido, se está haciendo trabajo de tener evidencias para determinar quiénes han fallado o han sido omisos para emitir una recomendación y señalar a las dependencias, si es en ámbito estatal o municipal”, aseguró.
