Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, explicó esta mañana que recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y sus socios, pero no está implicado en la denuncia que hace años presentó la UIF en contra del consorcio llamado Latinus.
Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF desde hace varios años, en contra de un consorcio que se denomina Latinus
De las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola, el señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista o dueño ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra coas.
Independientemente de que él les preste servicio y les cobre, Latinus es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo los periodistas que trabajan, prestan servicio ahí y en otros lugares.
La denuncia que presentó la UIF contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno es de respeto al Artículo 7mo de la Constitución.
Pablo Gómez explicó que Latinus está integrado por cinco empresas, Latinus Media Group, su dueño es Cristian González Guadarrama; también Latinus Media Radio S.A.; Latinus Media S.A. de C.V.
Existen otras dos empresas que son utilizadas como instrumentales, estas empresas cobran a entidades públicas, sus ingresos vienen de ahí, esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud, de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad.
De estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama. EL dinero proviene de varios estados, entre ellos Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. En total se habla de una cantidad significativa de 2 mil 437 millones de pesos del 2019 al 2024.
La denuncia contra este consorcio por actividades de lavado de dinero, y también vinculados a la corrupción, la denuncia es del 20 de mayo del 2021. No es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República.
Los productos de inteligencia de la UIF tienen como receptáculos el Ministerio Público, las actividades de control federales y de los estados, y otros medios de control que ejercen los gobiernos de los Estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información al sistema financiero.
La base de una denuncia es lo que el sistema financiero le informa al gobierno, “nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o mencionan los medios de comunicación. Ni los periodistas en lo individual, ni las gentes en las redes abiertas”.
Entonces, “no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno, y digo así porque la aplicación del Artículo 7mo de la Constitución es parejo y es para todos”.
En su información Pablo Gómez precisó que es sencillamente porque el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia.
El consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni publicidad, sino de medicinas y atención médica, esa es una función ahora del Ministerio Público.
La tercera empresa con el nombre de Latinus está establecida en Estados Unidos, en Delaware, que es la única zona de paraíso fiscal financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los EEUU.
Estamos averiguando si el dueño es el mismo o no, eso no lo hemos podido comprobar.
Del total de lo que han recibido los colaboradores a los que les pagan, desde la cuenta de Delaware, que se llama Latinus Media Group, que son 17 millones, lo compara con los ingresos de los accionistas, ellos se llevan lo principal, que viene de arcas públicas.
Del análisis que ha hecho la UIF han salido muchas más cosas, “sencillamente tiene unas empresas instrumentales” que reciben recursos por compra de servicios periodísticos, directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas.
Están descritas esas operaciones, sobre esa base se hizo esa denuncia.
