Culiacán, Sin.– El juez vinculó a proceso al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, y a Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento; Julio César Romanillo Montoya, exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome. y a los exintegrantes del Comité de Adquisiciones por el delito del Desempeño Irregular de la Función Pública, al estar acusados de arrendar patrullas presuntamente de manera irregular.
Luego de una audiencia por más de nueve horas celebrada en el Centro de Justicia Penal Acusatoria Oral Zona Centro, el juez determinó válidos los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado en la formación de imputación.
La Fiscalía argumentó que en diciembre de 2021 el Ayuntamiento de Ahome celebró el contrato de manera presuntamente irregular por un monto de 126 patrullas, entre camionetas, vehículos y motocicletas, para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio, por un monto de 171 millones de pesos.
Sin embargo, posteriormente modificó el contrato el cual fue autorizado por todos los miembros del comité de adquisiciones por una cantidad de 161 millones 112 mil 198 pesos.
La empresa con la que el municipio firmó este contrato fue Grinleasing SAPI SA DE CV, a nombre de Raúl Antonio Mendoza.
La fiscalía argumentó que este contrato se celebró sin licitación público al darse mediante adjudicación directa, pese a que la ley lo prohíbe.
Se explicó que se hicieron 67 pagos por medio de facturas , por un monto superior a los 161 millones de pesos.
Además encontró que se lograron adquirir 9 patrullas más, pues en el primer contrato se estableció que serían arrendadas 126 pero en total fueron 135.
También se determinó que estas modificaciones implicó cambio de marca de las unidades, entre otras características.
Durante las múltiples entrevistas que se realizaron , la fiscalía expuso que personal del municipio señaló que recibieron indicaciones para hacer una revisión de las unidades de la secretaría de Seguridad Pública que contaban en el 2021 , dándose a la tarea de acudir al Taller Municipal, detectando que el 70 por ciento de las 142 patrullas estaban en mal estado.
Además que firmaron documentos, donde también venía una valoración hecha por mecánicos sobre estas unidades, muchas de estas sin volante, llantas, entre otras piezas.
Además, que detectaron que la empresa Grinleasing SAPI SA DE CV, subcontrató los servicios de la empresa Casanova Vallejo SA DE CV, para de esta forma cumplir en su totalidad con el arrendamiento de las unidades, lo cual provocó un aumento en el costo de la renta por unidad, provocando una afectación al municipio por más de 42 millones de pesos.
Los abogados de los imputados argumentaron al juez que no debía vincularlos a proceso al no incurrir en ninguna anomalía en este caso.
El abogado de Vargas Landeros estableció como datos de prueba informes de investigación, donde se detalla que el contrato se celebró cuando existía pandemia por Covid-19, donde por Decreto Presidencial se dio autorización para adquirir bienes y suministros para garantizar el tema de salud, seguridad, entre otros aspectos.
Además argumentó que que la imputación formulada por la Fiscalía es errónea y sin fundamentos.
Expuso que la fiscalía no dio a conocer que el municipio invitó a 4 empresas para ofrecer su servicio de arrendamiento, al solo fundamentar que el contrato se hizo sin licitación pública.
Además, aseguró que existe información sesgada al no es cierto que se hicieron pólizas de pagos diarias con la empresa con la que se contrató el servicio.
Aseguró que el sobreprecio que argumenta la fiscalía que generó que la empresa Grinleasing SAPI SA DE CV, por la subcontratación del servicio de arrendamiento a la otra empresa Casanova Vallejo por un monto superior a los 42 millones de pesos, no significa un daño, pues la Ley permite esta excepción de subcontrato.
De igual forma argumentó que el arrendamiento de estos vehículos para seguridad está fundamento y era necesario dado a las condiciones de inseguridad que presentaba el municipio de Ahome , donde de existir una percepción de inseguridad del 54.6 por ciento , con el arrendamiento de las 135 patrullas se logró reducir a 24.78 por ciento
Además, advirtió que la firma de Gerardo Vargas Landeros en este contrato es solamente por formalidad, pues no forma parte del Comité de Adquisiciones.
También manifestó al juez que los recursos utilizados para el arrendamiento de las unidades forman parte en mayor proporción de recurso federal del ramo 33 por Fortamun, lo cual es competencia a fiscalizar por parte de la Fiscalía Especializada Anticorrupción a nivel federal y de la Auditoría Auditoria Superior de la Federación, y no de los organismos estatales, hecho que ya es investigado por estas instancias a nivel federal.
Reiteró al juez que no se debe vincular a proceso a Vargas Landeros bajo estas consideraciones , haciendo énfasis que existía una decretó emitido por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador para la adquisición de bienes y suministros en materia de salud , seguridad y otros aspectos necesarios sin necesarias de licitación por el asunto de la pandemia.
Por su parte la defensa de Genaro García Castro de igual forma manifestó que no es competencia federal este asunto y no de instancias estatales y en todo caso de existir alguna observación sería solamente objeto de una infracción y no de una causa penal .
Reiteró que en ninguna parte se establece que el presidente ni el secretario del Ayuntamiento participan en el Comité de Adquisiciones.
Mientras que el abogado de Julio César Romanillo Montoya aseguró que no participó su representado en la contratación de este servicio.
Además nunca solicitó que se hiciera mediante una adjudicación directa.
Mencionó que el ex secretario de Seguridad Pública de Ahome, solicitó al tesorero que se evaluara la posible forma de contracción de servicios de unidades para seguridad ante el déficit que existía en la corporación , pero nunca una contratación.
La abogada del resto de los integrantes del Comité de Adquisiciones de igual forma sustentó esta tesis y dijo que no deben ser vinculados a proceso al no existir ninguna anomalía de su parte, pero esta petición fue desechada por el juez.
