Los Mochis, Sin.- Las frecuentes inconsistencias que se detectan en las cuentas públicas de los ayuntamientos que se revisan por parte del Congreso del Estado, y la falta de acciones y sanciones para ex funcionarios responsables de esas presuntas irregularidades evidencian que la Auditoría Superior del Estado no está haciendo bien su trabajo, porque la población quiere que haya sanciones ejemplares para quienes incurran en estas anomalías.
El diputado local y vocal de la Comisión de Fiscalización, César Ismael Guerrero Alarcón, dijo que lamentablemente la ASE no ha cumplido cabalmente su papel, recordó que a legislatura anterior creó la Unidad Técnica de Evaluación que vendría a supervisar el trabajo de la ASE, pero “nosotros estamos viendo que al final del día no se necesitarían tantos organismos para la fiscalización”.
“Siento que la ASE está dejando que deber mucho a los ciudadanos”, dijo.
Indicó que al encontrarse irregularidades en la revisión de las cuentas públicas, es que hay alguien responsable en ello. La gente quiere que existan consecuencias, sobre todo eso.
Guerrero Alarcón dijo que han sido auditorías específicas para determinados funcionarios, pero hay mucha lentitud por parte de la propia Auditora, y se comprueba que no está funcionando como debe ser este órgano fiscalizador.
El legislador sinaloense indicó que a raíz de esas situaciones que se han detectado, y la ausencia de acciones legales o sanciones a funcionarios responsables de irregularidades, han invitado a la Auditora, licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera, a una mesa de diálogo para que exponga sus necesidades que le permiten ser efectivos en el momento de sancionar a quien incurra en irregularidades.
Finalmente el diputado local dijo que la ASE tiene todas las herramientas para realizar auditorías más efectivas, y emitir dictámenes más analísticos, más descriptivos.
Por eso se trabaja en las auditorías forenses que vendrían a darle más certeza al tema de las revisiones, detección de irregularidades o anomalías, y sanciones que se puedan aplicar a ex funcionarios públicos.
