Ciudad de México.- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que la próxima semana se prevé deliberar, discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Extorsión, enviada por la presidente de la República, Claudia Sheinbaum. Recordó que esta iniciativa tiene como propósito frenar la extorsión, eliminarla, prevenirla y combatirla.
Explicó que en ella se plantea proveer de herramientas jurídicas a los tres órdenes de gobierno para investigar el delito de extorsión, atender a las víctimas, proteger a la ciudadanía y prevenir el delito, a través de múltiples medios, en diversas modalidades y que tiene un impacto emocional, psicológico y económico diferenciado.
Resaltó que este marco normativo propone que haya endurecimientos de las penas, que dependerán de la modalidad del delito, la cual considera agravantes y atenuantes.
Destacó que la reforma en materia de extorsión no solo expide una ley general, sino que al mismo tiempo modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Respecto a la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas, y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, expresó que tomarán un poco más de tiempo pues quieren escuchar a agricultores, integrantes de la industria del agua y representantes del sector minero.
Detalló que la expedición de una Ley General de Aguas tiene como propósito reglamentar el derecho humano al agua y saneamiento previsto en el artículo 4º constitucional, definir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico.
En tanto, añadió, las adecuaciones a la Ley de Aguas Nacionales proponen eliminar el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, establecer que toda concesión no utilizada conforme a su fin sea revertida a la Conagua, revisar y fiscalizar el uso real del agua concesionada.
Además, crear el Registro Nacional del Agua para transparentar el régimen de concesiones y asignaciones, regular las concesiones agrícolas en favor de la soberanía alimentaria, evitar prácticas especulativas, fortalecer el régimen de sanciones y crear un catálogo de delitos hídricos.
“Hasta ahora no hay presión ni solicitud de audiencia para revisar el contenido de algunas leyes que a su juicio les afecta, entre otros la industria minera y la industria refresquera”, concluyó la Jucopo.
Con imagen e información de El Heraldo de México
