Los Mochis, Sin.- La presidenta del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, exigió justicia por el asesinato de quien fuera secretario general del PAN en El Fuerte, Román Quezada Anduaga, y ante el temor de que esa ola violenta se expanda hacia otros actores políticos, planteó la necesidad de que se implemente una estrategia de seguridad hacia todos los hombres y mujeres que andan y andarán en campaña en busca del voto popular por el Estado.
Dijo que ya se planteó una solicitud de seguridad para las elecciones que serán el 2 de junio, y hacia las y los actores políticos de este momento, y lamentó que el gobierno federal haya aventado la responsabilidad a estados y municipios.
En el caso de Sinaloa pidió a las autoridades estatales que diseñen una estrategia de seguridad y protección hacia quienes participan en el proceso electoral, y luego en la elección del 2 de junio, para que haya una real señal de protección policiaca y prevenir hechos como el caso de El Fuerte.
En conferencia de prensa en la instalaciones del comité municipal del PRI en esta municipio que preside César Emiliano Gerardo Lugo, también habló sobre el 8 de marzo y el Día Internacional de la Mujer, y dijo que es lamentable que sigan las agresiones, acosos hostigamientos y asesinatos, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto todavía.
Hay un 700 por ciento de aumento de la violencia hacia las mujeres es evidente, y se premia a quien fuera secretaria de las Mujeres con su postulación a un cargo de elección popular.
El 700 por ciento de aumento no es un porcentaje de uno o dos dígitos, no hay nada que festeja, porque pareciera que las mujeres somos el enemigo número uno de los gobiernos.
“No hay nada que festejar”, insistió Gárate Valenzuela.
Finalmente, Gárate Valenzuela hizo suya la iniciativa ciudadana de que no se permita el acceso con teléfonos celulares a las mamparas de votación el día 2 de junio, durante la jornada, porque puede prestarse para la coacción desde el exterior.
Dijo que el planteamiento del Frente Cívico Nacional es bien tomado por la dirigencia del PRI en Sinaloa, y claro que lo elevan a fin de que las autoridades del Instituto Nacional le den seguimiento y aprueben la solicitud.
