Los Mochis, Sin.- Ya están al máximo las penas con las que actualmente se sentencia a quienes cometen feminicidio en Sinaloa, por legislación no ha quedado, y son ahora las instancias preventivas quienes tienen que redoblar esfuerzos para frenar la ola de agresiones contra mujeres que se ha presentado principalmente en la zona norte del estado, manifestó Elizabeth Chía Galaviz.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, adelantó que como diputados deberán poner mayor atención a la hora de elaborar futuros presupuestos, pues será fundamental dotar de más recursos a las dependencias y los programas encargados de prevenir la violencia de género.
“Realmente las penas son las máximas en el caso de feminicidio, pero por eso es importante entrarle al tema de la prevención, y como legisladores, pues cuidar bien, porque para todas esas actividades se necesita presupuesto, entonces tenemos la responsabilidad y el compromiso de revisar este tema, de estudiar bien hacia dónde va dirigido y hacia qué programas se va a implementar”.
Aunque se dijo respetuosa de las cifras que comparte el gobierno asegurando que hay una disminución en los índices delictivos, la diputada del Partido Sinaloense enfatizó que tan solo con un caso de feminicidio es suficiente para encender las alarmas y crear las políticas públicas necesarias para contrarrestar la situación.
“Nosotros respetamos la información vertida recientemente por el gobernador, escuchábamos muy atentamente la ‘semanera’, que hablaba de una implementación de mecanismos que, si bien es cierto están disminuyendo el índice delictivo, el hecho de que haya solo un feminicidio, u ocho, que son los que están aquí en el estado de Sinaloa, pues necesitamos encender los focos rojos. Qué está haciendo la Secretaría de las Mujeres, que no dudamos que están haciendo un trabajo, pero bueno, hay que revisar y analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro estado”.
Cabe señalar que, actualmente, las penas por feminicidio en Sinaloa van desde los 22 hasta los 50 años de prisión; y de 30 a 55 años cuando entre el activo y la víctima existió relación de matrimonio, concubinato, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.
