Culiacán, Sin.- La postura fue expresada por Alma Rosa Rojo Medina, representante del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien aseguró que las familias no fueron tomadas en cuenta antes de presentar esta medida, lo que ha generado inquietud entre quienes encabezan la búsqueda de sus seres queridos.
Explicó que, en muchos casos, las denuncias no avanzan con rapidez o enfrentan obstáculos dentro de las instancias ministeriales, por lo que hacer obligatoria la carpeta de investigación podría retrasar el ingreso de personas al registro nacional.
Señaló además que, ante la falta de resultados contundentes por parte de las autoridades, han sido los propios familiares quienes han impulsado las acciones de localización, organizándose y reuniendo información para dar con el paradero de sus desaparecidos.
La activista también expresó desconfianza hacia el desempeño de las autoridades investigadoras, al considerar que los avances han sido limitados y que gran parte del trabajo recae en las familias.
Advirtió que esta iniciativa podría tener como consecuencia una reducción en las cifras oficiales de desaparecidos, lo que, desde su punto de vista, no reflejaría la dimensión real del problema en el país.
Por último, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatales a escuchar a los colectivos y trabajar de manera conjunta en estrategias más eficaces, con sensibilidad y compromiso hacia las víctimas y sus familias.
