Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado rechazando el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegurando que la información es tendenciosa y no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México.
Estos datos, de acuerdo con el organismo demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada de la propia ONU, así como los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025.
“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, declaró la dependencia.
Por otro lado, afirmó que a pesar de que el informe se refiere principalmente a hechos en el periodo 2009-2017 (momentos donde el país estaba al mando de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), se circunscribe a cuatro estados.
Una decisión parcial y sesgada
“La decisión del Comité es parcial y sesgada”, expresó ante la omisión de considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo. Al mismo tiempo, lamentó que se haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicanos antes de publicar su resolución.
Puntualizó que dentro de los párrafos 117 y 118 de la resolución no hay pruebas suficientes que indiquen la existencia de una política federal orientada a realizar ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión.
Estos señalamientos, de acuerdo con el propio documento, reflejan una realidad distinta a la de periodos anteriores en el país.
Asimismo, se cuestionó la solidez jurídica de la argumentación del CED, al considerar que sus conclusiones parten de premisas poco rigurosas, incluida su interpretación sobre la relación con el Estatuto de Roma.
A ello se suman posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, pues existe evidencia de que al menos uno de ellos colaboró previamente con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, declaró.
Con información de Infobae
