Guasave, Sin.- Que se regresen los 5.3 mdp del fondo de vivienda presuntamente manejados de forma irregular por el actual secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeO, Raúl Portillo Molina, y su equipo cercano, exige el delegado sindical de la Sección Académicos en Mazatlán.
Juan Francisco Rochín, informó que desde el pasado 23 de febrero de 2024 se interpuso una querella penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra Portillo Molina y otros integrantes del comité ejecutivo sindical, Juan Carlos López Jiménez, Anabel Medina Borbolla, Mario Alberto Cortés Lugo y César Efraín Soto Serrano, a quienes se les acusa por los presuntos delitos de administración fraudulenta, enriquecimiento por favorecimiento y abuso de confianza.
En entrevista vía telefónica para Noticiero Altavoz, destacó que esto no es un asunto político, sino una exigencia de la base trabajadora, y añadió que los representantes sindicales fueron electos democráticamente y tienen el compromiso de defender los intereses de sus compañeros.
«Lo primero que solicitamos es que el dinero se devuelva, que es lo que hemos estado manejando desde un inicio, aquí no hay ninguna participación política, no es algo personal, aquí lo que se busca es que se regrese el dinero. Mis compañeros de aquí de Mazatlán, fuimos votados por la base, nosotros nos debemos a nuestra gente, entonces, precisamente por esa misma razón, pues nosotros tomamos esta acción y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que ese dinero sea regresado», puntualizó.
El líder sindical señaló que existe una creciente desconfianza hacia el Secretario General, misma que fue expresada abiertamente durante una asamblea celebrada el pasado 18 de junio, en la que se manifestó que ya no se le reconocía como representante legítimo del sindicato.
Asimismo, indicó que se ha solicitado en reiteradas ocasiones que Raúl Portillo Molina se separe de su cargo para permitir el desarrollo de la investigación sin interferencias.
Adelantó que el próximo 10 de julio se celebrará una audiencia en el proceso legal, y que, dependiendo de su desarrollo, no se descarta la convocatoria a una asamblea general extraordinaria. Esta tendría lugar al inicio del próximo semestre, probablemente en Culiacán, para tratar como punto central la posible remoción del secretario general y de todos los integrantes involucrados en las irregularidades denunciadas.
