Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, ponderó esta mañana los alcances de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se debate en estos momentos en el Congreso de la Unión, y explicó que actualmente se tienen ministros propuestos por el Presidente y son seleccionados por el Senado de la República, los jueces y magistrados son seleccionados mediante un proceso cerrado, y dirigidos por el personal del Poder Judicial.
La reforma propone que todos los cargos se elijan por el voto personal libre, directo y secreto de toda la ciudadanía, que las convocatorias para poder participar y ser electos sean abiertas a toda la ciudadanía que reúna los requisitos, licenciatura en Derecho, cartas de recomendación de la ciudadanía y ensayos que respalden la candidatura, por qué quieren ser juzgadores en México.
Comités de Evaluación que seleccionan los perfiles con la mejor trayectoria y preparació, eso es lo que propone la reforma.
Un órgano que vigile la actuación de los juzgadores, hoy existe el Consejo de la Judicatura Federal, pero este depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alcalde Luján explicó que hay sanciones mínimas.
La reforma plantea un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente de la SCJN integrado por magistrados electos popularmente, con facultades amplias para investigar la actuación de cualquier juzgador.
Recibirá quejas de la ciudadanía, posible corrupción y parcialidad, y puede sancionar incluyendo la suspensión, sustitución y destitución cuando se demuestren fallas graves.
Una evaluación del desempeño, jueces y magistrados no tienen obligación de someterse a evaluaciones periódicas. La secretaria de Gobernación dijo que se plantea que cada nueve años los jueces y magistrados vuelvan a la boleta, el pueblo decidirá si han desempeñado bien su trabajo y si los ratifica o no.
Finalmente, la obligación de dar aviso y justificar demoras procesales, y el tribunal de disciplina puede detectar y sancionar a estos juzgadores.
Y finalmente a pesar de que la Constitución dice que nadie debe ganar más que el Presidente, jueces, magistrados y ministros ganan por encima de él. Los ministros también reciben una pensión vitalicia, y existen esos fideicomisos que son manejados de manera discrecional.
La reforma establece que el sueldo máximo es el tabulador del Presidente, nadie debe ganar más. Los fideicomisos deben reintegrarse a la hacienda pública, dijo la secretaria.
La renovación al PJF será en dos etapas, la primera elección será el 1 de junio del 2025, y lo que establece la propuesta es que se elija a toda la SCJN a todo el Tribunal de Disciplina, las dos vacantes del Tribunal Electoral, y a la mitad de jueces, y a la mitad de magistradas y magistrados.
La ciudadanía se va a inscribir, una vez que se evalúen los requisitos, se hará una selección y luego habrá una insaculación, “una tómbola digamos”, de ahí saldrán tres candidatos por cargo.
Una vez que haya esta selección, viene el día de la elección popular, todos saldrán a las urnas. Se recibirá una boleta, se votará por cinco mujeres y cinco hombres para el caso de jueces y magistrados, para el caso de Ministros se habrá de votar por nueve.
Al reverse de la boleta estarán los nombres de quienes se estarán postulando.
El INE será el responsable de organizar, de supervisar y fiscalizar la elección, habrá un período de dos meses de campaña, no habrá financiamiento público ni privado, habrá tiempo en radio y televisión, y debates para que la ciudadanía conozca a los postulados a jueces, magistrados y ministros.
Ganarán las personas más votadas, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad. Se tendrá un Poder Judicial paritario.
En caso de la ausencia de alguno de estos por prelación ocupará quien haya tenido más votos.
La segunda elección de jueces y magistrados se votarán en la elección intermedia del 2027.
Para que esta reforma sea una realidad, que es Constitucional, necesita haber una mayoría calificada de dos terceras partes, y aquí viene el segundo falso debate, y aquí criticó a la campaña de manipulación sobre una supuesta sobrerrepresentación.
Alcalde Luján dijo que el Artículo de la 54 de la Constitución es claro, hay dos reglas, la primera para que un partido no esté sobrrerepresentado, ninguno podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
Y la segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número que exceda 8 puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas. Esas son las dos reglas que establece la Constitución.
Alcalde Luján se refirió al planteamiento de la interpretación de la Constitución, y dijo que el tema está entre partido y coalición, la Carta Magna dice partidos políticos, y desde el 2009 siempre se han distribuido igual.
“Esta es la hipocresía…. Esto se va a definir próximamente, y que se aplique la ley y la Constitución”, sentenció la secretaria de Gobernación.
