Mocorito, Sin.- El regidor presidente de la Comisión de Turismo y Comercio, Jesús Jessy Martínez Sauceda, lanzó fuertes señalamientos contra la decisión del alcalde Enrique Parramesio de nombrar a Renato Quiñones Lau como nuevo director de Obras Públicas, al advertir que el movimiento “tiene el tufo de la corrupción y el nepotismo”.
El edil recordó que como cuerpo de regidores, sí habían solicitado un cambio en la Dirección de Obras Públicas debido a presuntas arbitrariedades cometidas por la anterior titular; sin embargo, aseguró que se esperaba un relevo positivo y no el nombramiento de un funcionario con antecedentes polémicos.
Martínez Sauceda subrayó que Quiñones Lau ya había ocupado el mismo cargo en 2013 y posteriormente fue sentenciado por la Auditoría Superior del Estado, por ejercicio indebido del servicio público, tras autorizar el pago de obras que no fueron construidas, ocasionando —según dijo— un daño patrimonial superior al medio millón de pesos. Aunque el tribunal ordenó la reparación del daño, el regidor enfatizó que el delito “no fue inexistente”.
Además, señaló un posible conflicto de interés al indicar que el nuevo funcionario es primo hermano de Iraís, sobrina del alcalde, a quien —afirmó— los mocoritenses se le atribuye influencia en la toma de decisiones municipales.
El regidor también desmintió que exista un respaldo unánime del Cabildo al nombramiento. “A mí no se me tomó en cuenta y no estoy de acuerdo”, sostuvo, al precisar que en sesión previa el alcalde había planteado otro perfil que finalmente rechazó el cargo.
Martínez Sauceda cuestionó que el presidente municipal desconociera los antecedentes legales del funcionario designado, y lo calificó como una falta de responsabilidad, al tratarse —dijo— de un caso que fue ampliamente difundido en medios locales y estatales.
Finalmente, el regidor contextualizó que el relevo en Obras Públicas ocurre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades, entre ellas una obra iniciada sin permisos del INAH por más de 2.3 millones de pesos y la devolución de casi 3 millones de pesos a la Federación por un proyecto mal integrado.
Aunque reconoció que el alcalde tiene la facultad legal exclusiva para nombrar o remover funcionarios, advirtió que seguirá exigiendo transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
