Contrario a la narrativa que ha circulado en algunos espacios mediáticos sobre una supuesta alerta emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la planta de fertilizantes que desarrolla Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, es importante precisar que la ONU no ha emitido ninguna alerta, recomendación, condena ni solicitud de cancelación del proyecto.
Esta precisión se sustenta en la respuesta oficial del Gobierno de México, remitida por la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en la cual se aclara que los Relatores Especiales de la ONU no formularon conclusiones propias ni emitieron juicios de valor sobre el proyecto.
La comunicación enviada por los relatores respondió a un mecanismo institucional estándar del sistema de Naciones Unidas, cuyo propósito es recabar información objetiva por parte de los Estados cuando reciben denuncias de terceros, sin prejuzgar, validar ni asumir como propias dichas denuncias.
Dicha solicitud se formalizó mediante la comunicación conjunta AL MEX 09/2025, fechada el 19 de septiembre de 2025, cuyo único objetivo fue solicitar información oficial a las autoridades correspondientes, no emitir pronunciamientos ni alertas.
Tal como lo reconoce expresamente el propio Estado mexicano en su informe de respuesta, los planteamientos incluidos en la comunicación de los relatores derivan directamente de denuncias presentadas por integrantes del Colectivo “Aquí No” y otros opositores al proyecto.
Estas denuncias fueron expuestas durante reuniones comunitarias y encuentros con observadores del sistema de Naciones Unidas en México, realizados en las comunidades de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, en el norte de Sinaloa.
Es decir, no se trató de conclusiones de la ONU, ni de hallazgos independientes, ni de evaluaciones técnicas realizadas por los relatores. Fueron relatos, opiniones y preocupaciones expresadas por opositores al proyecto, que los relatores trasladaron de manera institucional a los gobiernos involucrados para su aclaración, sin validarlas ni asumirlas como propias.
Posteriormente, algunas de estas afirmaciones fueron difundidas en notas informativas y posicionamientos públicos como si se tratara de alertas o advertencias emitidas por la ONU, lo cual no corresponde al contenido ni al alcance real de la actuación de los relatores.
Entre estas publicaciones destaca la nota titulada “Advierte ONU riesgo de colapso de bahía de Topolobampo por planta de amoniaco y de gas natural licuado”, replicada por diversos medios con variaciones en sus encabezados.
Situación legal del proyecto
Ante los señalamientos planteados por terceros, el Gobierno de México respondió puntualmente, documentando que el proyecto cumple con la legislación ambiental vigente en el país, fue sometido a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, y cuenta con una autorización ambiental condicionada vigente, supervisada de manera permanente por la PROFEPA.
Asimismo, se acreditó que el proyecto realizó una Consulta Previa, Libre e Informada al Pueblo Mayo-Yoreme, conforme a los estándares constitucionales e internacionales, en cumplimiento de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los amparos promovidos fueron debidamente atendidos, lo que derivó en la reposición del procedimiento de consulta.
El Estado mexicano concluyó que el proyecto acredita el cumplimiento normativo y el respeto a los derechos humanos, por lo que validó su continuidad.
En consecuencia, no existe una denuncia de la ONU contra la planta de fertilizantes en Topolobampo, ni pronunciamientos de relatores solicitando su cancelación o emitiendo alerta alguna.
La narrativa que atribuye a la ONU señalamientos directos contra el proyecto no se sostiene en documentos oficiales y responde a una reinterpretación de denuncias presentadas por terceros, las cuales no cuentan con sustento técnico ni jurídico.
Las comunicaciones oficiales y las respuestas de los gobiernos y actores involucrados pueden consultarse en: https://goo.su/2lBEzt.
