Los Mochis, Sin.– El diputado electo al Congreso del Estado, Genaro García Castro, hizo un llamado a no satanizar la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federal; por el contrario, dar la oportunidad de participación a todos los actores involucrados, pero sobre todo, permitir que de los foros salga un documento completo, y al final que sea la población la que mediante el voto directo y secreto elija a quienes habrán de ser Ministros, Magistrados y Jueces.
Dijo que en materia de impartición de justicia la iniciativa establece plazos perentorios para resolver conflictos, a saber Se propone regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados.
Para ello se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar el porqué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.
García Castro explicó también que hay muchas coincidencias entre los involucrados en el análisis de la iniciativa, lo ideal es que todos se sienten a la mesa y discutan.
La iniciativa tiene que pasar por todos los Congresos locales, y no perdamos de vista en en lo regional se tiene un problema muy similar, y se tiene que trabajar sobre eso también.
Por su parte, la diputada Federal Ana Ayala, quien estuvo en la mesa que se celebró recientemente en el auditorio de la UAIM, señaló que se han recibido propuestas de los mismos ministros, donde consideran que los cambios se hagan de manera escalonada.
Es decir, en el 2025 podrán ser votados o propuestos los ministros, se está trabajando en obtener para todo México que la justicia deje de ser un privilegio, que sea un derecho para todos los mexicanos.
Hay una máxima desde el Legislativo y se ha apoyado al Ejecutivo, que todos los derechos sean para todas las personas, y el Poder Judicial podrá formar parte de poder trabajar para todo un pueblo y el beneficio de México.
