Ciudad de México.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral analizó 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, donde al final se determinó que 391 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos; 55 parcialmente fundados y 43 fundados al acreditarse que los partidos políticos no reportaron los gastos, imponiéndose en cada caso la sanción correspondiente, así lo detalló la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera.
El monto global de sanciones asciende a los 129.8 millones de pesos a los partidos políticos y sus candidaturas, con motivo de diversas conductas indebidas en materia de fiscalización, de los cuales 40.9 millones de pesos se impusieron al Verde Ecologista de México; sin embargo, el que se llevó una sanción más fuerte fue Movimiento Ciudadano, por el orden de los 83 millones de pesos.
El consejero presidente Lorenzo Córdova subrayó que nunca en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado tantas campañas, de las cuales derivan diversas sanciones.
Llamó a las fuerzas políticas “a erradicar esas trampas administrativas” y a que “con nuevas prácticas contables, proselitistas y financieras puedan contribuir a la sustentabilidad de la democracia en los próximos años”.
Lamentó que pese a que se han invertido recursos para capacitar a partidos políticos para que erradiquen conductas que impiden la transparencia y la rendición de cuentas, “siguen queriendo engañar a la autoridad electoral y mentirle a la sociedad mexicana”.
Cabe señalar que los 83 millones de pesos con los que se sanciona a MC, también esta la sanción de 448 mil 996 pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y es que acusan de aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales por parte de Mariana Rodríguez Cantú, estimadas en 27 millones 800 mil pesos; y es que aunque es esposa del entonces candidato, según expresiones de la Consejera, Adriana Favela Herrera, además de influencer, tiene la calidad de persona son actividad empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus historias en Instagram, por lo que esta impedida a realizar aportaciones a la campaña tanto “en dinero como en especie”.
Agregó que se consideró que 1,300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram generaron beneficio al candidato, haciendo llamados al voto en su favor, promovió y abanderó propuestas de Gobierno, además de que “hizo suya la campaña”, lo que generó una situación contraria a la espontaneidad en las redes sociales que no puede estar amparada por la libre expresión.
Y aunque hubo opiniones encontradas en torno a dicha sanción, el consejero presidente Lorenzo Córdova precisó que el objeto de la discusión es si se trata o no de una aportación en especie que debía reportarse y si proviene de un ente prohibido por la legislación electoral, “no si hay una relación de parentesco, afectiva o de solidaridad entre las dos personas”.
Recordó que el Artículo 105 del Reglamento de Fiscalización establece que quienes no pueden hacer aportaciones gratuitas en especie son las personas que tengan actividades mercantiles o profesionales otorgadas de manera gratuita.
Además, en la otra observación se acreditó que la campaña recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, aportaciones de empresas a través de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
La sanción a Movimiento Ciudadano es de 55 millones 720 mil pesos y al hoy gobernador electo Samuel García de 448 mil 996 pesos y por las aportaciones en efectivo de sus familiares se impone al partido una multa de 28.05 millones de pesos que representan el 200 por ciento del monto involucrado.
En el caso de la sanción al Partido Verde Ecologísta de México, de 40.9 millones de pesos, se le suma el hecho de que se ordenó interrumpir su propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el instituto por el periodo de un año, a partir del mes de agosto, por la campaña publicitaria a través de 104 personas denominadas influencers el día de la Jornada Electoral.
Se acreditó que los influencers fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.
“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.
Se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.
Finalmente, Adriana Favela agradeció a la Unidad Técnica de Fiscalización su compromiso y trabajo en la resolución de estos asuntos, así como a todas las personas asesoras de las consejerías, de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia del Consejo General por todo el apoyo para realizar el análisis de los proyectos y formular las observaciones o fortalecer la argumentación.
La Consejera Norma De la Cruz y los consejeros José Roberto Ruiz y Jaime Rivera, así como representantes de partidos políticos reconocieron también el trabajo realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización y de la misma Comisión.
“La tarea de fiscalizar no es menor y lleva a la autoridad a enfrentarse con diversas incidencias que debe atender y resolver contra reloj con la mayor diligencia, objetividad e imparcialidad”, destacó De la Cruz.
Se trata, dijo el Consejero Rivera, de una tarea que “involucra un número enorme de casos, de información y de circunstancias que tienen que analizar para resolver”.
